En un fallo considerado histórico e inédito tanto para Córdoba como para el país, el Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios Judiciales resolvió este miércoles destituir a los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por su actuación en la investigación del crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006 en Río Cuarto. Los tres fueron removidos de sus cargos por “mal desempeño” y “negligencia grave” y quedaron inhabilitados para ejercer funciones dentro de la Justicia provincial. La resolución se conoció pasadas las 22.30 en la Legislatura de Córdoba, luego de una extensa jornada de debate y de la lectura del veredicto por parte del tribunal, integrado por los legisladores Julieta Rinaldi —quien presidió el jury—, Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás y Walter Gispert, junto a la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti.

En primer término, el jurado rechazó los planteos de nulidad presentados por las defensas de los fiscales acusados. Posteriormente, confirmó por unanimidad la destitución de Di Santo, quien se desempeñaba como fiscal de Instrucción y Familia de segundo turno en Río Cuarto; de Miralles, fiscal de Instrucción Múltiple de esa ciudad; y de Pizarro, fiscal de Lucha contra el Narcotráfico de Río Tercero. La decisión avaló el pedido formulado durante los alegatos por la fiscal General Adjunta de la Provincia, Betina Croppi, quien sostuvo que los tres funcionarios condujeron la investigación de manera deficiente y omitieron profundizar otras líneas investigativas pese a la existencia de elementos que podían conducir al autor material del crimen.

Durante su exposición, Croppi afirmó que la pesquisa estuvo direccionada durante años hacia el entorno íntimo de Nora Dalmasso y cuestionó que se hayan impulsado hipótesis sin sustento mientras se dejaban de lado pruebas relevantes. “El principal sospechoso estaba frente a sus ojos y no hicieron nada”, sostuvo en referencia al parquetista Roberto Bárzola, cuyo ADN fue identificado en la escena del crimen en diciembre de 2024. Según la acusación, uno de los puntos más graves fue el tratamiento de la evidencia genética obtenida a partir de un informe del FBI. Para la fiscal General Adjunta, ese material no fue debidamente aprovechado durante años, a pesar de que podía orientar la investigación hacia un sospechoso concreto.

Croppi también cuestionó el enfoque inicial de la causa y señaló que se investigó más a la víctima que al posible autor del homicidio. En ese sentido, sostuvo que desde la fiscalía se instaló durante años la hipótesis de un “amante asesino” y se difundieron versiones vinculadas a la vida privada de Dalmasso que terminaron afectando su imagen pública. Por su parte, las defensas de Di Santo, Miralles y Pizarro solicitaron la absolución de los funcionarios y aseguraron que actuaron conforme a derecho.

Además, sostuvieron que Roberto Bárzola sí había sido investigado oportunamente y negaron que hubiera existido mal desempeño o negligencia en la instrucción de la causa. En la sala estuvieron presentes Marcelo Macarrón y sus hijos Facundo y Valentina, quienes impulsaron el juicio político contra los fiscales luego de la absolución de Macarrón en el juicio realizado por el crimen de Nora Dalmasso. La familia volvió a reclamar la destitución de los funcionarios judiciales.

Aunque la remoción se hace efectiva de manera inmediata, los fiscales aún pueden presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No obstante, la decisión del jury no implica una imputación penal sino únicamente la expulsión de los cargos que ocupaban dentro del Poder Judicial. Los fundamentos completos del fallo serán dados a conocer el próximo 20 de mayo a las 9 de la mañana.