Piden al Consejo de la Magistratura la remoción del juez que frenó la reforma laboral Lo hizo el titular del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), al considerar que el juez Raúl Horacio Ojeda habría incurrido en irregularidades procesales al intervenir en la causa iniciada por la CGT. El Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) presentó una denuncia por presunto mal desempeño contra el juez Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°63, quien había dictado una cautelar que virtualmente suspendió la aplicación de la reforma laboral aprobada en el Congreso. La entidad que brinda “asesoramiento legal especializado, acompañamiento emocional, una red de apoyo entre pares, visibilidad pública y contacto institucional para canalizar reclamos” de grandes y pequeños empresarios, según se define, formalizó la denuncia ante el Consejo de la Magistratura.

En el escrito firmado por el titular del MEAB, Juan Méndez, se solicita la suspensión preventiva y posterior remoción del magistrado al considerar que habría incurrido en múltiples irregularidades procesales al intervenir en la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la Ley N°27.802, denominada por el oficialismo “de Modernización Laboral”. Para los denunciantes, la competencia sobre esa ley corresponde a la Justicia Federal y no al fuero laboral; en particular, se sostiene que la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°12 ya se declaró competente, pero que Ojeda desconoció esa decisión y continuó interviniendo en el expediente. El juez laboral, como se sabe, emitió a fines de marzo una medida cautelar por la cual suspendió varios artículos de la ley, con alcance colectivo, luego de un pedido en ese sentido formulado por la CGT; decisión que para el MEAB fue tomada “en pocos días, sin sustanciación adecuada del expediente y sin observar los requisitos legales y jurisprudenciales”.

Para el movimiento de empresarios, las conductas de Ojeda configuran un supuesto de mal desempeño, apartamiento reiterado del derecho aplicable, pérdida de imparcialidad y vulneración del principio de división de poderes, según se desprende del escrito presentado en las últimas y dirigido al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti.