Pelea por la venta libre y las patentes de los medicamentos Desde hace unos meses la promoción de medicamentos de venta libre para diferentes dolencias, leves o crónicas, así como suplementos vitamínicos o dietarios comenzó a instalarse en el debate público. El correlato de este fenómeno es que en ciertas cadenas de farmacias las góndolas con medicamentos de venta libre van ganando cada vez más espacios, con ofertas por cantidad (tipo 2 cajas o blisters al precio de 1), como en los supermercados. Un factor que explica el cambio en la oferta de este mercado es el reciente anuncio del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sobre el próximo envío al Congreso de un proyecto de ley que flexibilizará la obligación de vender especialidades medicinales solo en farmacias y bajo supervisión farmacéutica.

Si fuera aprobada, los medicamentos de venta libre podrán ofrecerse en las góndolas y se eliminará la exclusividad de las farmacias como único canal de expendio. También habilitará la venta de analgésicos y antiácidos (salvo a menores de edad) en kioscos o supermercados, con la posibilidad de comercialización online y entrega a domicilio. De hecho, varios de esos cambios habían sido incluidos en el DNU 70/23 dictado por el presidente Javier Milei al iniciar su gestión y también en el decreto 1024/24, aunque su aplicación fue suspendida por medidas cautelares planteadas por entidades farmacéuticas, con excepción de la cadena Farmacity, que logró un amparo judicial.

El argumento oficial es que en el interior del país miles de personas viven lejos de una farmacia y la posibilidad de adquirirlos en otros sitios no sólo permitirá el acceso a esos medicamentos, sino una mayor competencia de precios. Con pedido de reserva de identidad, un reconocido médico especialista en investigación farmacológica explicó a LA NACION que en el mundo hay una fuerte presión y en la Argentina se replica con el lobby de la Cámara Argentina de Medicamentos de Venta Libre (Capemvel), integrada por laboratorios nacionales y multinacionales. También sostiene que la ampliación del listado de esos medicamentos beneficia a empresas de medicina prepaga y obras sociales ya que, al no requerir receta, se ahorran el descuento a los afiliados cubiertos con el Plan Médico Obligatorio (PMO).

A su juicio, el sistema en ciernes entraña el riesgo de promover el autoconsumo y una medicación excesiva, ya que es ínfimo el porcentaje de pacientes que leen los prospectos con las dosis recomendadas. En el aspecto clínico, el especialista señala que algunos analgésicos combinados con diclofenaco -una droga más potente- pueden generar un consumo crónico por repetición y que los antiácidos basados en prazoles (omeprazol, esoprazol), si bien no tienen toxicidad, pueden derivar en un consumo innecesario aunque no riesgoso. Los medicamentos contra la artrosis pueden producir un transitorio efecto placebo, pero no curan la enfermedad y por eso tienen venta libre.

A la inversa, considera que los complejos vitamínicos son, en su mayoría, un consumo que puede reemplazarse si se mejora la dieta alimentaria, salvo en el caso de deportistas de alto rendimiento. Eduardo Franciosi, director ejecutivo de Cilfa (Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos), afirma que la posición de la entidad es que los medicamentos de venta libre sean vendidos en las farmacias y no en las góndolas sino en el mostrador, para que los compradores puedan consultar personalmente dosis, frecuencias de medicación y evitar riesgos o abusos. Por su parte, fuentes de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), que nuclea a los laboratorios extranjeros, señalan que se cumple todo lo permitido por la regulación y que el sistema promueve una mayor competencia de precios que permitirá a los consumidores acceder a medicamentos más baratos.

Disputa por patentes Las diferencias entre ambas cámaras empresarias son mucho más profundas con respecto a la propiedad intelectual del desarrollo y comercialización de fármacos. Si bien se remontan a más de tres décadas, en las cuales se alternaron desregulaciones (1992) y restricciones de criterios de patentabilidad (2012) derogadas este año, las polémicas se ampliaron desde febrero último tras el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI) entre la Argentina y Estados Unidos, firmado en Washington por los presidentes de ambos países. Una de sus cláusulas establece la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (TCP), que estandariza procesos y permite que, con una sola solicitud inicial, las empresas, científicos o start ups que generen innovaciones pueden buscar protección en 158 países signatarios (entre ellos, todos los de la OCDE) y reducir el costo administrativo y legal de patentar en cada país.

Desde entonces el lobby empresario pasó a ser más ostensible. Un documento de Cilfa sostuvo que la adhesión de la Argentina al PCT debía ser con reserva del artículo II como en 2024 lo hizo Uruguay, donde tienen presencia varios laboratorios argentinos. El argumento es que esa cláusula establece un examen preliminar internacional de las solicitudes de patentes y permite evitar el evergreening (una estrategia en la que compañías farmacéuticas extienden con pocas modificaciones y por más años el monopolio de un medicamento con patentes próximas a vencer).

Por su parte, un extenso informe de Caeme respalda el PCT tras aclarar que no otorga una patente mundial, ya que cada país mantiene su soberanía para decidir si la aprueba o no, fortalece la innovación y genera empleos a futuro en la economía del conocimiento al “jugar con las reglas de juego internacionales” (sic) en materia de propiedad intelectual. También señala que los únicos países de la región que aún no adhirieron son la Argentina, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Ecuador. Según la entidad, la adhesión al TCP también fortalecerá al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), encargado de otorgar las patentes que, si bien tienen una duración de 20 años desde el momento en que se identifica la molécula investigada para el medicamento, el período efectivo de protección puede variar entre 7 y 8 años debido a los procesos químicos y procedimientos de aprobación.

La eventual copia modificada de patentes vencidas debe pasar por otro proceso para obtener protección, ya que el INPI y los institutos de otros países evalúan en cada caso la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial. Otra polémica es que el PCT fue aprobado por el Senado en 1998 y pasó a Diputados, que nunca lo trató. Pero como en 2001 se introdujo una enmienda en el artículo 2°, Cilfa sostiene que ahora se estaría aprobando una versión no vigente del Tratado y debería volver al Senado.

Paralelamente, esta entidad integrante de la UIA destaca que agrupa a 354 laboratorios de capital local con 196 plantas industriales (principalmente en el AMBA), que representan 4,9% del valor agregado industrial, generan 43.300 empleos directos y 120.000 indirectos. Pero declinó informar el número de patentes registradas en los últimos años. En medio de este debate, los laboratorios farmacéuticos extranjeros nucleados en Caeme (37 en total, con 10 plantas de producción y laboratorios de análisis, casi 9000 empleos directos y 20.000 indirectos en el país) anunciaron hace diez días en la Casa Rosada una inversión de US$8000 millones para los próximos seis años, destinada a fortalecer la investigación clínica en la Argentina a través de investigaciones biomédicas de alta complejidad en distintos puntos del país.

El proyecto apunta a ampliar el desarrollo de estudios clínicos en instituciones públicas y privadas para potenciar la articulación entre ambas en áreas estratégicas vinculadas a la innovación en salud. A través de la red X, el ministro de Salud, Mario Lugones, precisó que en 2025 se autorizaron 290 ensayos clínicos y en el primer trimestre de 2026 se registraron 114 nuevas autorizaciones. Hay más de 80.000 participantes en 898 estudios en curso y más de 700 centros capacitados en todo el país.

En Caeme añaden que el sector invierte anualmente alrededor de U$S700 millones en investigación y desarrollo farmacológico, de los cuales el 95% corresponde a asociados de la entidad, ocupa a más de 5000 personas en el área y representa 50% del rubro I+D privado. También señalan que, en el mundo, la investigación clínica genera inversiones por US$200.000 millones anuales y que casi todos los países compiten por obtener ensayos clínicos y convocar a pacientes voluntarios (sin costo) para investigaciones farmacológicas, de las cuales la Argentina captura una porción muy pequeña. Ocupa el puesto 16° (con 2,04%), por delante de Brasil, que acaba de impulsar una iniciativa del Ministerio de Salud con la industria privada para convertirse en un hub regional.

Diferencial de precios Por otra parte, un relevamiento elaborado por el observatorio local de salud CESA muestra que los precios de los medicamentos en la Argentina resultan entre 2 y 4 veces más caros que los vigentes en España calculados en pesos. Para citar algunos casos, el clonazepan de 0,5 mg. x 60 comprimidos (con receta) cuesta aquí $12.700 vs. $2910 en aquel país; paracetamol de 1 g. x 50 comp. $11.404 vs $4688; amoxicilina de 1 gr. x 16 $19.070 vs. $4570m e ibuprofeno 600 x 10 $11.400 vs. $4687. A juicio del médico especialista consultado para esta columna, las dos entidades no exhiben otros números, debido a que los laboratorios nacionales tendrían muy pocas patentes registradas y más fabricantes copian medicamentos, en tanto que los extranjeros importan desde sus casas matrices y atribuyen los altos precios al alto costo de sus investigaciones clínicas, sin precisarlo.

Entre otras cuentas pendientes, el profesional señala el sistema de comercialización de medicamentos, que en la Argentina está atomizado, a diferencia de Inglaterra y España (comunidades autónomas) donde la compra para los hospitales públicos está centralizada por el Estado y permite bajar precios. A nivel local, en cambio, los laboratorios les venden al PAMI, IOMA, otros institutos provinciales, obras sociales, prepagas y clínicas de todo el país, a tal punto que en Caeme señalan la existencia de 600 pagadores y se negocia con cada uno, lo cual torna muy difícil un precio uniforme.