La Justicia emitió pedido de captura para dos familiares de la niña de 12 años que cursó un embarazo producto de una violación en Santiago del Estero y fue hallada en la Clínica Santa María en Villa Ballester, institución en la que hallaron ocho fetos descartados tras un allanamiento. Este lunes también se realizó una fiscalización en el lugar, mientras se investiga a una ONG. Fuentes del caso confirmaron que los dos familiares de la menor abusada son buscados de manera intensa, por lo que hay pedido de captura a nivel nacional e internacional.

Por el momento no hay novedades de sus paraderos. A la fecha se investiga si la menor fue a dar a luz a la clínica o si se practicó un aborto, por lo que se indaga sobre la situación del bebé (que ya tenía ocho meses de gestación) y dónde se encuentra. Por ello, se cree que existe una presunta red dedicada a la trata de personas o a la sustracción de menores involucrada en el caso.

En Argentina, la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) marca un límite hasta la semana 14 inclusive, y solo admite excepciones en casos de riesgo de muerte para la persona gestante y para casos de violación. En ese caso, la ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) comprende que no hay un límite temporal para la intervención. La ONG es señalada por estar detrás del viaje de la menor de 12 años y su madre desde Santiago del Estero a Buenos Aires.

La organización está siendo investigada para conocer el rol que cumplió en la causa, pese a que en Argentina rigen las leyes de IVE e ILE. No trascendieron detalles del estado de salud de la menor. La fiscalización del Ministerio de Salud provincial no encendió nuevas alarmas Personal del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires realizó este lunes una fiscalización en la institución médica para "evaluar las condiciones sanitarias y de seguridad".

Al concluir el operativo, explicaron que se registraron infracciones menores, como humedad en una sala de cirugía y la falta de una lámpara cialítica, entre otras, a la que se les otorgó un plazo para su resolución. Sin embargo, “de ninguna manera estas faltas constituyen motivo de clausura ni implican la interrupción de su funcionamiento”. Se constató que todos los residuos derivados de los procedimientos de Interrupción Legal del Embarazo "se encontraban correctamente dispuestos en bolsas rojas, conforme a la normativa vigente para residuos patogénicos en establecimientos de salud”.