La directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, participó del debate en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil y analizó el estado de las causas por crímenes de la dictadura, cuestionó el desfinanciamiento de áreas clave y explicó qué ocurre con la desclasificación de archivos de inteligencia durante el gobierno de Javier Milei. El proceso de juzgamiento de los crímenes de la última dictadura militar continúa en marcha, pero enfrenta demoras y dificultades vinculadas con las políticas del Gobierno. “Lo primero que hay que decir es que todavía está en marcha el proceso de justicia vinculado al juzgamiento de los crímenes de la dictadura”, afirmó Litvachky. Juicios de lesa humanidad: avances, demoras y falta de coordinación Litvachky recordó que el proceso judicial atravesó distintas etapas, desde las leyes de impunidad hasta la reapertura de los juicios. “Y hoy lo que tenés es ese proceso que sigue avanzando después de mucho tiempo, en algunos casos a veces inercialmente, y eso es un problema, cuando las cosas avanzan inercialmente quiere decir que alguien no les está prestando atención ni le está poniendo la energía que hay que ponerle”, señaló.

La directora ejecutiva del CELS también apuntó contra las demoras judiciales y la política del Poder Ejecutivo. “Y lo que hizo fue desfinanciar sobre todo la Secretaría de Derechos Humanos, desfinanció las estructuras que podían apoyar el avance de los juicios por parte del Poder Ejecutivo”, sostuvo en +Perfil. Desclasificación de archivos de la SIDE: qué cuestiona el CELS Otro de los ejes fue la desclasificación de documentos vinculados con la dictadura. Litvachky explicó que el Gobierno difundió información de manera selectiva y que el CELS mantiene una disputa judicial para acceder a la documentación. “No, no se hizo carne y de hecho lo tenemos judicializado también”, afirmó al referirse al anuncio oficial de desclasificación de archivos.

Sobre el material publicado, agregó: “No, no se entendía con qué criterio ni se entendía cómo era el proceso de desclasificación más general”. Para el organismo, uno de los objetivos centrales es reconstruir el funcionamiento de los servicios de inteligencia durante la dictadura y conocer quiénes participaron del aparato represivo. “Nos importaba eso, pero mucho más nos importaba la información burocrática de la SIDE en aquel momento, durante los años de la dictadura, porque de ahí sale quiénes participaron, cómo, cuándo, dónde, qué es información para los juicios o información para la reconstrucción histórica”, explicó. Litvachky también advirtió sobre las dificultades actuales para acceder a información de inteligencia: “Hay una discusión también sobre desclasificación de archivos y posibilidad de que el público general acceda a la información sobre la investigación de la AMIA, que en realidad está cerrado de nuevo porque dicen que todo lo que tiene que ver con inteligencia debe ser secreto”.

Desfinanciamiento de las políticas de memoria y búsqueda de desaparecidos La referente del CELS alertó sobre el impacto que tiene la reducción de recursos en las políticas de memoria y en los organismos que trabajan para esclarecer los crímenes de la dictadura. “Lo que hay es el desfinanciamiento que hay de las políticas de memoria y de verdad, impacta en que haya menos posibilidad de llevar adelante el trabajo”, afirmó. También describió la situación de los espacios de memoria: “Y por ejemplo, todo lo que fue financiamiento de los sitios de memoria por parte del Gobierno, eso es una calamidad, claramente hay un desfinanciamiento muy importante de eso, se están viniendo abajo muchos de los sitios”. Según planteó, la falta de recursos compromete avances acumulados durante décadas: “Entonces, se va dando como un efecto medio cascada en que cosas que se habían producido importantes del proceso de memoria, verdad y justicia, y bueno, con las políticas de desfinanciamiento y negacionistas del gobierno, se ponen en crisis”.

Prisión domiciliaria para condenados por delitos de lesa humanidad Litvachky aclaró que el CELS no rechaza automáticamente la prisión domiciliaria para condenados por delitos de lesa humanidad, siempre que se cumplan los requisitos legales. “Nosotros como política del CELS no nos oponemos si el pedido de arresto domiciliario es un pedido que tiene que ver con las condiciones objetivas que permite la ley, no nos oponemos”, explicó. Y remarcó: “Diría que se apliquen las reglas procesales para darle el arresto domiciliario, pero es mucho más factible que lo hagan para los delitos de lesa humanidad que para los crímenes comunes, por supuesto”. La abogada también advirtió que los controles no siempre se cumplen: “Bueno, muchas veces el control no se cumple, ese es el problema”.