El ministro de Justicia y Trabajo de Córdoba, Julián López, definió como un “hecho histórico” la aprobación por unanimidad de la Ley Joaquín y aseguró que la norma aporta un nuevo paradigma en el sistema judicial provincial al fortalecer los derechos y la participación de las víctimas de delitos y sus familias. Tras la sanción legislativa, el funcionario destacó que la reforma coloca a las víctimas “en el centro del proceso”, aunque aclaró que lo hace sin alterar el sistema acusatorio vigente ni afectar las garantías constitucionales y legales de los imputados. “Esta ley no privilegia a la víctima por sobre las demás partes, sino que corrige una asimetría histórica que existía en los procesos penales”, dijo López al valorar el alcance de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo cordobés, en cuyo texto final se plasmaron también los aportes del arco opositor. El nuevo régimen establece mayores herramientas de acompañamiento, protección y acceso a la información para quienes atraviesan un proceso judicial.

Además, incorpora derechos desde el primer contacto con el sistema de Justicia y crea mecanismos orientados a evitar situaciones de revictimización, con el objetivo de brindar una respuesta estatal más cercana y efectiva. Según explicó el ministro, muchas de las medidas contempladas en la norma ya habían sido promovidas por el Poder Judicial a través de distintos acuerdos internos. Sin embargo, remarcó que la sanción de la ley permite unificar criterios y convertir esas prácticas en derechos expresamente incorporados al procedimiento penal.

Entre los principales cambios, la legislación amplía la participación de las víctimas durante las distintas etapas del proceso y también durante la ejecución de la pena, un aspecto que, según el gobierno, fortalece su intervención y acceso a información relevante sobre las causas. López también puso el foco en el rol desempeñado por la familia Esperani que motorizó la iniciativa. En particular, destacó el compromiso de Martín y Mariela Esperani, padres de Joaquín, el adolescente asesinado en 2024, cuyo caso impulsó el debate sobre la necesidad de ampliar los derechos de las víctimas en Córdoba. “A partir de una tragedia tan dolorosa, pudieron transformar el dolor en una lucha que permitió conquistar derechos concretos para muchas personas que atraviesan situaciones similares”, destacó.

En ese sentido, el titular de la cartera de Justicia valoró que la sanción de la Ley Joaquín representa un punto de inflexión en la relación entre las víctimas y el sistema judicial. “A partir de esta ley, el paso de las víctimas por los procesos no volverá a ser el mismo”, concluyó. Hace dos días, la Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad una ley que establece el Régimen Provincial de Protección de las Víctimas de Delitos y modifica la Ley 8.123, Código Procesal Penal de la Provincia.