“En Panamá tiramos a la basura más de 350 toneladas diarias de comida sin pensarlo dos veces”, sentencia la Fundación Rescate de Alimentos Panamá, integrada por más de 20 chefs, dueños de restaurantes y expertos del sector alimentario. Teniendo un panorama desolador, este 1 de abril fue sancionada la Ley 514, por el cual se establece medidas para evitar la pérdida de alimentos y promociona la seguridad alimentaria, norma que busca enfrentar el hambre a nivel nacional. La norma introduce regulaciones para conservar los alimentos y que puedan ser redistribuidos a organizaciones que hagan una labor social, minimizando de esta manera la pérdida de toneladas de comida que se descarta y arroja como basura.

La nueva legislación, sancionada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, fue analizada y discutida ampliamente por diversos sectores relacionados, entre ellos la empresa privada, el Ministerio de Salud, el Banco de Alimentos y la Iglesia Católica, detalló su proponente el diputado Ariel Vallarino. Al Ministerio de Salud le corresponderá analizar la trazabilidad e inocuidad de estos alimentos, para garantizar que no se acepten productos donados en mal estado, próximos a vencer o vencidos en su totalidad. Cerca de 200 mil personas en Panamá sufren de hambre, lo que representa aproximadamente 5.3% de la población, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO).

Esta situación se agrava en las comarcas indígenas, donde el 50% de los niños padecen de desnutrición, al mismo tiempo que 350 toneladas de alimentos se descartan y desechan a diario. La ley establece como objetivo establecer, actualizar e implementar el marco regulatorio para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, el cual se enfocará en el fortalecimiento de la educación, concienciación y movilización de los involucrados en la cadena de suministros de alimentos. Igualmente, se pretende contribuir a combatir el cambio climático mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que genera el desperdicio de alimentos producidos no consumidos.

El alcance de la ley involucra a los productores agropecuarios y sus organizaciones, a los procesadores, elaboradores y distribuidores de productos alimenticios, a las cadenas de distribución mayoristas y minoristas, como supermercados, minisúper, tiendas de comestibles, abarroterías y comisariatos. Se consigna que todo producto o alimento que haya alcanzado su fecha límite de comercialización deberá ser retirado del punto de venta y se destinará prioritariamente a la donación a los bancos de alimentos u organizaciones sin fines de lucro legalmente constituidas, que desarrollen actividades de asistencia alimentaria o de erradicación del hambre. Los productos que no sean aptos para el consumo humano se orientarán hacia usos alternativos de carácter social o ambientalmente responsables, como la producción de compost o la alimentación animal, de acuerdo con los criterios de inocuidad existentes.

A nivel mundial, se calcula que en 2022 se desperdiciaron 1.050 millones de toneladas de alimentos en los sectores minorista, alimentario y hogares. Esto equivale a 132 kilogramos per cápita al año, de los cuales 79 kilogramos per cápita se desperdiciaron en los hogares, relata en un informe el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Muy pocos países, afirma, han recopilado datos sólidos sobre el desperdicio de alimentos, a lo largo del tiempo y de forma coherente, aunque la disponibilidad de datos está aumentando y se están identificando muchos puntos de datos a nivel urbano, a medida que las ciudades y los países reconocen que una gran parte de los residuos que llegan a los vertederos son alimentos.

Los residuos alimentarios plantean retos únicos en las ciudades, donde la presión sobre los vertederos puede ser más aguda y donde el compostaje doméstico y la alimentación de los animales con restos de comida pueden estar menos extendidos, destaca el Informe sobre el índice de desperdicio de alimentos 2024.