El último balance difundido por el Sistema Nacional de Protección Civil confirmó que al menos 27 personas resultaron heridas, todas con lesiones consideradas leves o moderadas. Si bien no se registraron fallecidos, las consecuencias del movimiento sísmico alcanzaron a numerosas instalaciones públicas y privadas. Según el relevamiento oficial, 21 establecimientos sanitarios sufrieron daños de distinta magnitud, por lo que ingenieros y especialistas en estructuras trabajan para determinar si pueden continuar funcionando con normalidad.

La subdirectora general del Sinaproc, Malitzie Rivera, informó que las inspecciones también abarcaron más de 426 viviendas, donde se detectaron desde afectaciones menores hasta destrucciones totales. Uno de los sectores más perjudicados fue el educativo. El Ministerio de Educación confirmó daños en 419 centros escolares distribuidos en distintas regiones del país y, como medida preventiva, las autoridades ordenaron suspender las clases y las actividades administrativas en las escuelas públicas inmediatamente después del terremoto.

Las provincias más afectadas y la evacuación de 300 personas Las provincias de Herrera, Los Santos y Veraguas concentran una parte importante de los daños ocasionados por el terremoto. Sin embargo, también se registraron afectaciones en Chiriquí, Bocas del Toro, la provincia de Panamá y las comarcas Ngäbe-Buglé y Emberá. Una de las situaciones más delicadas ocurrió en la isla de Cañas, donde unas 300 personas debieron ser evacuadas debido al incremento del nivel del agua asociado al fenómeno sísmico.

Ante el riesgo para los habitantes, las autoridades dispusieron el traslado preventivo hacia zonas seguras. Según el Sinaproc, los evacuados permanecen bajo resguardo y reciben alimentos, atención sanitaria y otros elementos esenciales. Los equipos de emergencia también trabajan para garantizar el abastecimiento de medicamentos y agua potable en las comunidades que sufrieron mayores consecuencias.

Además, se desplegaron 419 efectivos del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) para colaborar con las tareas de seguridad, logística y asistencia humanitaria. El Gobierno de Panamá destinará US$ 100 millones a la emergencia Con la declaración del estado de emergencia nacional, el Ejecutivo panameño habilitó una partida de US$ 100 millones destinada a financiar la respuesta frente al desastre. Los recursos serán utilizados para la distribución de ayuda humanitaria, la reparación de infraestructuras esenciales y la reconstrucción de las zonas más perjudicadas.

El presidente Mulino también dispuso la creación de una comisión de alto nivel encargada de coordinar las tareas de asistencia y recuperación. El organismo estará integrado por el ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza; la viceministra Mirna Luque; y el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac. Entre sus funciones estarán la organización de las donaciones, la distribución de recursos y la planificación de las obras necesarias para recuperar los edificios y servicios afectados.

Como parte del operativo, el Parque Omar, ubicado en la capital panameña, fue habilitado como centro de acopio para recibir alimentos, agua y artículos de primera necesidad. Panamá continúa en alerta por las réplicas del terremoto A pesar de que el balance oficial no registra víctimas fatales, las autoridades mantienen los operativos de emergencia ante la posibilidad de nuevas réplicas. Los equipos técnicos continúan evaluando la estabilidad de edificios públicos, hospitales, escuelas y viviendas para determinar cuáles pueden ser utilizados sin riesgos.

En paralelo, la comisión especial creada por el Gobierno deberá avanzar con un diagnóstico de los daños y establecer las prioridades de reconstrucción. El secretario de Metas, José Ramón Icaza, explicó que el trabajo se desarrollará en dos frentes: la asistencia inmediata a los damnificados y la planificación de las intervenciones necesarias para recuperar la infraestructura.