Con un duro pronunciamiento, la candidata presidencial Paloma Valencia exigió el domingo 19 de abril al presidente de la República, Gustavo Petro, que rinda cuentas públicas debido a las recientes revelaciones sobre una supuesta reunión entre él y Gonzalo Boye Tuset, abogado de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, considerado el mayor contrabandista de Colombia; según dio a conocer en su edición digital la revista Cambio. Valencia, desde Cali (Valle del Cauca), como parte de su correría por todo el país, en donde dialogó con deportistas, sostuvo que la sospecha de que el propio jefe de Estado participó en reuniones y habría recibido fondos de origen ilícito plantea “un escándalo mayúsculo” que requiere explicaciones claras, luego de que se conocieran detalles sobre transferencias millonarias y encuentros al parecer clandestinos. PUBLICIDAD Según el referido medio, existe una serie de audios y documentos que hicieron públicos los contactos entre el Gobierno y el círculo de Marín Buitrago desde 2024.

Entre ellos destaca la entrega de $500 millones en efectivo, gestionados en Madrid (España), que según la información transferida por los emisarios de Marín, tendrían presuntos vínculos con la financiación de la campaña presidencial de Petro, que se gestó en 2022. Es por ello que la aspirante del Centro Democrático expresó su rechazo a toda maniobra de distracción por parte del Ejecutivo. “Colombia necesita respuestas sobre hechos que comprometen la transparencia democrática, no maniobras de distracción”, puntualizó Valencia, que aseguró que, mientras el Gobierno centra la atención en disputas internacionales, la sociedad sigue aguardando pruebas fehacientes. PUBLICIDAD Entre ellas, remarcó, que se divulgue el supuesto video en el que el mandatario, según versiones entregadas por él, sostuvo haber devuelto recursos provenientes del entorno de Marín.

Los mismos que habrían sido entregados en su momento al activista catalán Xavier Vendrell y cuyo clip estaría en poder de Ramón Devesa, que se habría encargado de registrar el acto de devolución; sin que todavía se sepa el contenido del clip. La polémica en torno a este caso se agravó por lo que sería el canal de comunicación entre el Ejecutivo y Marín Buitrago, por orden presidencial entre funcionarios estatales y representantes del contrabandista en Madrid, Bogotá y otras ciudades durante más de un año. Las revelaciones indican que Petro sostuvo un encuentro con Boye Tuset, en la que también asistió Devesa, como enlace del primer mandatario.

PUBLICIDAD A su vez, existen registros de cómo se registraron al menos diez reuniones más, de funcionarios como Jorge Lemus, jefe de inteligencia, e Isaac Beltrán, asesor de la Uiaf, que ofrecieron garantías y discutieron la inclusión de Marín y sus allegados en la política de Paz Total, según reconstruyó la Fiscalía. Estas gestiones, de hecho, se mantuvieron al margen de rutas institucionales y sin registros documentales oficiales. Así habría sido la reunión entre Gustavo Petro y el abogado europeo de ‘Papá Pitufo’ Según Cambio, Petro se sentó con Boye, abogado europeo de Marín, y Devesa, experto en ciberseguridad y miembro del círculo presidencial, en el Hotel Tequendama, el 16 de mayo de 2024.

El Gobierno no documentó oficialmente estos acercamientos; ocurridos poco después de la fallida captura de Marín en España, ni informó sobre cómo habría enviado emisarios para obtener información sobre puertos y corrupción. PUBLICIDAD “La reunión duró una hora. Uno de los temas fue Diego Marín.

Petro manifestó su interés en que el contrabandista llegara a Colombia y contara todo lo que sabía sobre corrupción. En la conversación salió a relucir que este gobierno no era ajeno a lo que, durante décadas, viene pasando con el “control” del contrabando", detalló el referido medio en su reporte periodístico, que causó revuelo. La aparición de funcionarios en la Aduana de Buenaventura recomendados por allegados a ‘Papá Pitufo’, según el citado medio, reforzaría la percepción de un canal privilegiado, según señalaron fuentes judiciales.

Pese a esta trama de influencias, las investigaciones no han ofrecido resultados contundentes después de que Marín quedó en libertad desde mediados de 2025, tras verse beneficiado de un habeas corpus en Portugal. PUBLICIDAD Sin embargo, pese a ese pimer encuentro, el canal de diálogo oficial se rompió cuando el Gobierno negó el 24 de junio de 2025 el ingreso al país Boye, figura clave en los contactos iniciales, como quedó dispuesta en una acta de Migración Colombia, firmada por Mauricio Castellanos, oficial de la entidad; un representante de la aerolínea Iberia, el director regional de la entidad y el propio afectado con la determinación. Por ello, al ser preguntada por estos hechos, Paloma Valencia enfatizó la gravedad de la posible financiación ilícita. “Colombia no puede normalizar dudas sobre la financiación de una campaña presidencial”, declaró la senadora de la oposición, que reiteró su exigencia sobre la publicación inmediata del video que, según las propias declaraciones del presidente, demostraría la devolución de los fondos de los que existían sospechas.

PUBLICIDAD La aspirante del Centro Democrático reclamó que el presidente y su entorno respondan sin evasivas y con pruebas sobre la naturaleza y el propósito de los encuentros. “La gravedad de estos hechos obliga al presidente a dar explicaciones claras y sin evasivas al país. Los colombianos tienen derecho a saber si existieron reuniones, cuál fue su propósito y si hubo recursos provenientes del contrabando involucrados”. PUBLICIDAD PUBLICIDAD