"Prefiero tirar la cosecha a que nos paguen 80 céntimos el kilo de tomates". Hace casi un año, la agricultora riojana Clara Sarramián concedió una entrevista a Jaime Gumiel que aún sigue coleando. Sobre todo, porque explica de forma sencilla y accesible los últimos cinco años de tractoradas.

Y, sin embargo, por mucho que se repita, el discurso de Sarramián y el de otros agricultores no deja de sorprender: "me querían pagar la mitad que el año anterior. Preferí tirarla. Si todos pasamos por el aro, vamos en nuestra contra", dice.

Lo hemos escuchado muchas veces, sí; pero ¿tiene sentido? ¿Llevan razón en la queja? Eso es lo primero a dilucidar y la verdad es que si nos vamos a los datos, es difícil decir que no.

El margen comercial origen-destino del tomate alcanzó en 2025 el 81,1% (el segundo más alto en una década), según los datos del Observatorio de la Junta de Andalucía. De hecho, sin dejar de lado el caso del tomate, un estudio de 2020 del Institut Cerdà sobre la cadena de valor señalaba que el coste total del tomate es de 0,61 €/kg (mano de obra 0,258; semillas 0,081; estructura 0,078; fertilizantes 0,059; otros) frente a los 0,57 €/kg pagados al productor. Y esto son datos de 2017: la situación no ha hecho sino empeorar desde la guerra de Ucrania.

No parece el mejor negocio del mundo. De hecho, parece uno bastante malo. Sobre todo, porque aunque llevamos años desarrollando normativas que nos permitan limitar el impacto de estos problemas, todas acaban en papel mojado.

Además, la presión exterior (sobre todo desde Marruecos para el asunto del tomate) es enorme. Y buena parte de los principales actores del mercado juegan de "agentes dobles" porque son conglomerados con inversiones en ambos lados del Estrecho. ¿Por qué debería importarnos?

Imagino que el dato más simple para entender cómo impacta esto en el consumidor es este: estamos pagando por el tomate fresco el precio más alto de la última década y, al mismo tiempo, el agricultor que se lo cultiva en España afirma que no le compensa cosecharlo. Y, en fin, como acabamos de ver, tiene razón. ¿Y, en estas circunstancias, por qué iban a querer tirar la cosecha?

Es decir, vale que paguen por debajo de coste; pero siempre será mejor algo que nada, ¿no? Y tiene sentido esa idea, pero obvia algunas cosas importantes. Para empezar, que entre el 25 y el 30% de los costes de la agricultura se dan en la recolección, envasado, transporte y venta al mayorista (con las posibles mermas asociadas).

Si no se recogen, el agricultor pierde lo ya invertido, sí. Pero no incurre en más costes que no podrá recuperar. Además, como hemos visto en situaciones como la del limón o el plátano, dejar que se pierda parte de la cosecha permite que los precios no se derrumben.

No es una estrategia fácil de poner en práctica (porque siempre hay gente con incentivos para vender a medida que el precio sube), pero es una estrategia racional. Tic, tac. Tic, tac.

Todo esto ocurre en un contexto muy concreto: en junio empieza la negociación de la PAC post-2027 y es es lo que hace que la pregunta clave no sea "¿por qué Clara Sarramián tira sus tomates?" sino "¿cómo hacemos para que una de las industrias centrales de la economía española (la única que vertebra la España vaciada) no muera en cuestión de pocos años?". Imagen | Rachel Clark En Xataka | Tenemos un problema con los pesticidas en la agricultura. Y uno más grande con el pánico que generan