El Tribunal Oral Federal 7 retomó hoy las audiencias del juicio de la causa Cuadernos, con una nueva ronda de indagatorias a empresarios arrepentidos acusados de haber pagado coimas entre el 2003 y 2015. La mayoría de los convocados se negó a ampliar sus declaraciones previas, mientras que uno de ellos, Jorge Balán, admitió aportes a la campaña oficialista, aunque negó que fueran a cambio de favores específicos. “Roberto Baratta me pidió que hiciera un aporte para la campaña del oficialismo. Sí o sí debía aportar, no me pidió monto ni nada. Decidí hacerlo, fue una decisión mía”, dijo el titular de Industrias Secco. También especificó que no cuenta con un recibo por el dinero aportado y que no recibió beneficios por eso. Luego de Balán, Julio Daniel Álvarez, exasesor del secretario general de la Presidencia, aceptó declarar, aseguró que es inocente y adelantó que responderá preguntas de las partes. Al inicio de la audiencia, se negaron a declarar Benjamín Romero, titular de Hidrovía SA; Hugo Dragonetti, de Panedile; Rodolfo Poblete y Adrián Pascuchi. La misma postura habían adoptado en la jornada anterior Angelo Calcaterra y Aldo Roggio. Por otra parte, las defensas de varios exfuncionarios, entre ellos Julio De Vido, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, plantearon objeciones a la incorporación como prueba de las declaraciones previas de los arrepentidos, argumentando que sin posibilidad de contrainterrogatorio se vulnera el derecho de defensa. La causa se originó a partir de los cuadernos del exchofer Oscar Centeno, cuyas anotaciones detallaban un mecanismo sistemático de cobro de coimas a empresas a cambio de la adjudicación de obras públicas durante más de una década. Hasta el momento, la mayoría de los empresarios arrepentidos decidieron no declarar y eso generó tensiones entre las partes. Las defensas insisten en la necesidad de confrontar esos testimonios, mientras que la acusación busca sostener la validez de las pruebas recolectadas durante la etapa de instrucción. La acusación sostiene que Cristina Kirchner y funcionarios de su gobierno llevaron adelante “un plan integral en el cual implementaron una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”. “El sistema de recaudación ilegal contó con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí. En el primero eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios“.