La reciente reforma laboral que avanza en el Congreso argentino no sólo contempla la transferencia del fuero laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), sino que introduce una medida de gran impacto para el Poder Judicial: la obligatoriedad para los jueces inferiores de acatar los precedentes fijados por la Corte Suprema de Justicia en materia laboral. El artículo 89 del proyecto, aprobado por Diputados y próximo a tratarse en el Senado, establece que el incumplimiento de esta obligación podrá ser causal de remoción por mal desempeño, una novedad que ha generado preocupación y debate en el ámbito judicial.

Históricamente, los fallos de la Corte en materia laboral se aplicaban de manera "difusa" y caso por caso, lo que permitía cierto margen de interpretación y autonomía a los jueces inferiores. Por ejemplo, la decisión del máximo tribunal sobre el cálculo de indemnizaciones, dictada en 2023 por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, fue aplicada con variaciones según el tribunal. Sin embargo, la reforma busca unificar criterios y evitar la llamada "industria del juicio", un término utilizado por el Gobierno y sectores empresarios para denunciar la proliferación de demandas laborales que, según ellos, se basan en interpretaciones judiciales divergentes.

El impacto político de esta medida también es significativo. La transferencia del fuero laboral a la CABA afectará la composición y el equilibrio de poder en el Consejo de la Magistratura de la Nación, organismo clave en la designación y remoción de jueces. Según fuentes judiciales, el kirchnerismo, a través de la lista Celeste y su representante Alberto Lugones, podría perder influencia debido a que la mayoría de los jueces laborales votan por esa agrupación. Esta situación se da en un contexto donde el oficialismo busca modificar el reglamento para la elección de candidatos a jueces, intentando imponer a la jueza María Gabriela López Iñiguez, cercana al kirchnerismo, en la Cámara Federal de Casación Penal.

Desde el punto de vista institucional, la reforma también ratifica el Acuerdo de Transferencia firmado entre el gobierno nacional y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, que habilita a la CABA a hacerse cargo de la justicia laboral. Esto se complementa con leyes locales sancionadas en diciembre de 2024 que reestructuran la justicia laboral porteña, creando una nueva Cámara de Apelaciones y varios juzgados de primera instancia. No obstante, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) promovió acciones judiciales contra estas leyes por considerar que no existía un acuerdo institucional previo, aunque el reciente convenio busca subsanar esta cuestión.

El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, explicó que la reforma "dispone por ley la obligatoriedad de respetar los fallos de la Corte Suprema", y reconoció que aunque en teoría esto debería ser una práctica natural, en la realidad algunos jueces no lo cumplen, lo que justifica la norma. Tapia también detalló que la competencia se fijará según el lugar de prestación efectiva del empleo, no por el domicilio social de la empresa, lo que implica que aproximadamente 30.000 de las 55.000 causas laborales anuales en la justicia nacional pasarán a tramitarse en la CABA.

Finalmente, la reforma prevé la creación de 40 nuevos juzgados y 5 salas de cámara de apelaciones en la Ciudad, con un modelo de gestión renovado para afrontar el incremento de causas. Sin embargo, persisten dudas sobre la implementación práctica y el impacto que tendrá en la independencia judicial y en la dinámica del sistema laboral argentino. Como señaló un juez laboral consultado por Clarín, "esta medida puede mejorar la uniformidad, pero también puede limitar la interpretación judicial necesaria para casos complejos". En definitiva, la reforma abre un nuevo capítulo en la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, con fuertes implicancias políticas y jurídicas.