La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) urgió este jueves a las autoridades hondureñas a garantizar la vida y la integridad de las comunidades y organizaciones campesinas del Bajo Aguán tras condenar los hechos de violencia ocurridos este día en el sector de Rigores, en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, donde al menos 19 personas fueron asesinadas en una finca. El organismo condenó la matanza y pidió al Gobierno desmantelar las estructuras criminales que agravan la conflictividad agraria en la región. Además, vincula la escalada de violencia con causas estructurales ligadas a la tierra, la pobreza, la desigualdad, la impunidad y la limitada presencia estatal.

PUBLICIDAD La OACNUDH indica que en su Informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras 2025 —un documento anticipado preparado para advertir sobre tendencias y riesgos previstos— el Alto Comisionado ya había señalado la presencia de organizaciones criminales con capacidad de influencia territorial en zonas aledañas a cooperativas campesinas del Bajo Aguán. Según ese informe, la violencia perpetrada por esos grupos ha provocado desplazamiento forzado, riesgos para comunidades rurales y afectaciones al ejercicio de los derechos humanos. Ante ello, la oficina pidió a las autoridades competentes una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de lo ocurrido en Rigores.

PUBLICIDAD El organismo reclamó además medidas de protección inmediatas para las personas sobrevivientes, los familiares de las víctimas, las comunidades afectadas y las personas defensoras de derechos humanos en el Bajo Aguán. También recordó evitar discursos estigmatizantes, actos de represalia o acciones que puedan aumentar los riesgos para las comunidades afectadas, las víctimas, los medios de comunicación y las personas defensoras. El organismo vincula la violencia actual con una conflictividad histórica por la tierra La posición de la oficina de Naciones Unidas es que lo ocurrido evidencia la necesidad de abordar de forma integral la conflictividad histórica y social vinculada a la tierra y el territorio.

Según la OACNUDH, ese cuadro se desarrolla en un contexto de desafíos estructurales persistentes que agravan las tensiones en la zona. PUBLICIDAD Juan Carlos Monge, representante de OACNUDH en Honduras, afirmó en un comunicado del organismo: “Esta problemática constituye una amenaza persistente con raíces estructurales, que se entrecruza con la pobreza y la desigualdad, la violencia, la impunidad y la limitada presencia estatal, afectando negativamente el ejercicio de los derechos humanos y haciendo indispensable fortalecer respuestas integrales de prevención, protección y acceso a la tierra y el territorio”. Ese pronunciamiento sitúa la violencia del Bajo Aguán como un problema que, según la oficina, no puede reducirse a un episodio aislado.

El Bajo Aguán aparece descrito por el organismo como un espacio donde confluyen violencia, débil presencia estatal y disputas ligadas al acceso a la tierra y al territorio. PUBLICIDAD La respuesta directa que reclamó Naciones Unidas fue doble: investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial con garantías, y protección efectiva para quienes quedaron expuestos tras los asesinatos denunciados en Rigores. Según la Oficina del Alto Comisionado, ambas medidas son urgentes para contener nuevos riesgos en el Bajo Aguán.

El organismo reiteró que la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado de derecho y la atención integral a las causas estructurales de la violencia resultan claves para avanzar hacia una paz sostenible en el Bajo Aguán. La oficina también expresó su solidaridad con las víctimas, sus familias y las comunidades afectadas, y reafirmó su compromiso de seguir acompañando los esfuerzos orientados a la protección y promoción de los derechos humanos. PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD