La Fiscalía General de la Nación decidió el lunes 6 de abril de 2026 mantener suspendida la orden de captura contra Alexander Díaz, alias Calarcá, por al menos 15 días más, luego de que la reunión con delegados de la Alta Consejería para la Paz y representantes del Gobierno nacional concluyera sin un acuerdo definitivo sobre el futuro judicial del cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf) de las disidencias de las Farc. El ente acusador informó que el análisis sobre su condición continuará en una próxima mesa de trabajo, ante la sospecha de que Díaz habría cometido delitos graves aun siendo negociador en los diálogos de paz. El caso de Díaz tomó un giro luego de que, según notificó la Fiscalía, se encontraran evidencias recientes que lo vinculan con delitos cometidos tras su designación como vocero en la mesa de negociación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel Este hallazgo surgió a partir de un análisis técnico de dispositivos electrónicos incautados durante un retén en el que alias Calarcá fue interceptado, el 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia). La extracción de información de estos dispositivos llevó al organismo a advertir sobre posibles conductas criminales persistentes por parte del líder armado, que se separó de las tropas de Néstor Gregorio Vera, “Iván Mordisco”. Así se conoció la determinación sobre las órdenes de captura contra alias Calarcá En la reunión de la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, y el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, se acordó crear una nueva metodología para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos a los negociadores de grupos armados ilegales en procesos de diálogo.

Con ello se busca asegurar que la suspensión de órdenes de captura solo se mantenga si no se detectan violaciones graves a la voluntad de paz. Para tal fin, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley 2272 de 2022 y los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-525 de 2023. “La revisión se hará periódicamente, de acuerdo con los acontecimientos, y vinculando a las instituciones cuya misionalidad esté relacionada con dicha materia”, afirmó el 26 de marzo la entidad, luego del primer encuentro con el comisionado Patiño para este asunto. Y es que, de acuerdo con la investigación derivada de los dispositivos incautados, alias Calarcá estaría vinculado a la muerte de un defensor de derechos humanos, al reclutamiento de menores, la continuidad de combates armados y a la presión contra comunidades.

Estos datos motivaron la advertencia de una posible reactivación de los procesos en curso en caso de comprobarse que se han incumplido condiciones pactadas. Para esclarecer este proceso, la autoridad judicial dispuso de cinco líneas de investigación prioritarias con alcance nacional. Dichas indagaciones se centran en determinar la posible cooptación de agentes de inteligencia y de integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias, la identificación de amenazas a la seguridad nacional y la eventual financiación ilícita de la campaña presidencial.

En su momento, la fiscal Camargo, que conserva la potestad exclusiva para levantar la medida de suspensión, fundamentó su análisis en “la evidente vulneración de los requisitos establecidos para continuar con dicho beneficio judicial”, aunque todavía no exista consenso sobre el proceder con Díaz. En medio de este mediático caso, también se han conocido las duras críticas del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que afirmó que el Gobierno de Gustavo Petro “parece tenerle miedo a alias Calarcá”. Y cuestionó que se mantengan suspendidas las órdenes de captura contra el cabecilla bajo la figura de gestor de paz, lo que a su juicio desprotege a los ciudadanos que han sido víctimas de su accionar criminal.