Horas más tarde, fueron trasladados a los basurales de José León Suárez. Allí comenzó el fusilamiento clandestino: cinco de ellos murieron y siete lograron sobrevivir, algunos gravemente heridos. Durante décadas, la versión oficial intentó justificar aquellos hechos bajo el argumento de la represión al alzamiento militar.

Sin embargo, la investigación de Walsh demostró que varios de los detenidos habían sido capturados antes de que se declarara la ley marcial, un dato crucial que convertía aquellos fusilamientos en asesinatos ilegales cometidos por el propio Estado. Según pudo saber A24.com, el juicio que comenzará esta semana tiene como antecedente el proceso realizado por la Masacre de Napalpí. La causa fue impulsada por familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos que buscan que la Justicia establezca de manera oficial la responsabilidad estatal en los crímenes cometidos durante la llamada Revolución Libertadora.

El objetivo es reconstruir los hechos y determinar responsabilidades históricas, aun cuando ya no sea posible aplicar sanciones penales. Para muchos familiares, este proceso representa una reparación largamente esperada. Durante años, recuerdan, ni siquiera podían hablar de los fusilamientos.

La palabra estaba prohibida. El silencio, la estigmatización y el paso del tiempo fueron sepultando una historia que sobrevivió gracias a los testimonios de los sobrevivientes y al trabajo de Walsh. Hoy son hijos, nietos y bisnietos quienes sostienen el reclamo de memoria.

La paradoja es inevitable. El juicio llega cuando ya no quedan responsables vivos para ser juzgados. Sin embargo, sus impulsores sostienen que el objetivo trasciende cualquier condena.

Se trata de establecer una verdad histórica y jurídica sobre uno de los episodios más oscuros de la Argentina posterior al golpe de 1955, una masacre que anticipó métodos represivos que décadas más tarde volverían a marcar la historia del país.