El fiscal Federal Diego Luciani abrirá la ronda de alegatos en el juicio oral que investiga presuntas negociaciones incompatibles en la adjudicación de obras para la ampliación de gasoductos a la empresa Odebrecht. La causa que encabeza el Tribunal Oral Federal Número 2, tiene como principal acusado al exministro de Planificación Julio De Vido, junto a exfuncionarios del área energética y exdirectivos de organismos vinculados al sector por las presuntas irregularidades en la contratación de las obras de ampliación de los gasoductos operados por Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS). Según la acusación, los hechos ocurrieron entre 2006 y 2008, cuando funcionarios del entonces Ministerio de Planificación habrían intervenido en el proceso de contratación para beneficiar a la constructora. "Existió un desvío de la voluntad negocial por parte de los funcionarios que representaron a la administración pública", sostiene el requerimiento fiscal.

Además de Julio De Vido, están imputados el exsecretario de Energía Daniel Cameron, el exsubsecretario de Combustibles Cristian Folgar y exdirectivos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), entre ellos Luis Beuret y Julio Bragulat. Todos enfrentan cargos por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, que prevé penas de hasta seis años de prisión, inhabilitación perpetua y multas económicas. La investigación sostiene que los funcionarios habrían dictado resoluciones, mantenido reuniones privadas y gestionado expedientes administrativos con el objetivo de direccionar la adjudicación de las obras. “Las irregularidades detectadas en los procesos de contratación son reveladoras de interferencias ajenas a los intereses de la administración pública”, señaló el Ministerio Público Fiscal.

El caso se originó a partir de una denuncia vinculada a la empresa Skanska, que investigaba el pago de sobornos y sobreprecios en obras de infraestructura. A partir de ese expediente se detectaron maniobras similares en la contratación de los gasoductos, lo que derivó en una causa específica que avanzó hasta esta instancia de juicio oral. Durante la instrucción, los investigadores concluyeron que el proceso licitatorio habría estado “enderezado desde un principio a la adjudicación del negocio directamente a Odebrecht”.

Según esa hipótesis, se modificaron condiciones del concurso para permitir que la empresa tuviera ventajas frente a otros competidores. Entre los elementos incorporados al expediente figuran comunicaciones entre representantes de la constructora y funcionarios de la Secretaría de Energía, recomendaciones internas para favorecer determinadas ofertas y la elaboración de un memorando de entendimiento que luego fue utilizado para formalizar la relación contractual. También se destacó que a una empresa competidora se le otorgó un plazo considerado “insignificante” para presentar su propuesta financiera, lo que habría limitado la competencia real en el proceso.