En un importante golpe al narcotráfico en Neuquén, el fiscal jefe Gastón Ávila y el asistente letrado Federico Sura formularon cargos contra ocho personas acusadas de integrar una red dedicada al comercio de estupefacientes en la localidad de Junín de los Andes. La investigación permitió detallar una estructura organizada con roles específicos, puntos de venta fijos y logística de distribución. Los imputados fueron identificados por sus iniciales: M.A.A., M.R.A., A.H.R., T.F.G., J.D., E.A., R.G.E.M. y M.F.C. La fiscalía les atribuyó los delitos de comercio y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravados por la participación de tres o más personas en calidad de coautores. Estructura y «modus operandi» de la organización Según la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF), la banda operó al menos entre el 7 de enero y el 30 de abril de 2026. La estructura estaba encabezada por M.A.A. y M.R.A., quienes se encargaban de conseguir el clorhidrato de cocaína, fraccionarlo y distribuirlo a los vendedores. La organización fue rotando sus centros de operaciones para evadir a la justicia, utilizando domicilios en la calle Los Maitenes, luego en la calle 25 de Mayo y, finalmente, en una vivienda del barrio Nehuenche. El rol de vendedores directos recaía sobre T.F.G., J.D., E.A. y M.F.C., quienes recibían la sustancia y utilizaban balanzas de precisión y envoltorios de nylon para preparar las dosis. Un dato clave de la investigación reveló que parte de las ganancias eran enviadas a los cabecillas mediante transferencias por billeteras virtuales. Conexión con San Martín de los Andes y secuestro de armas La investigación también determinó que la banda tenía alcance regional. A R.G.E.M. se le imputa haber facilitado su vehículo para el traslado de la droga y haber extendido la actividad ilícita hasta la ciudad de San Martín de los Andes. Durante los allanamientos realizados el pasado 2 de mayo, las fuerzas de seguridad secuestraron 187,65 gramos de clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo y teléfonos celulares. También se encontraron balanzas de precisión y elementos de corte. Por último se informó la presencia de armas de guerra y de uso civil sin autorización. Por este hecho, R.G.E.M. y T.F.G. sumaron cargos por tenencia ilegal de armas. Medidas cautelares y controversia judicial La jueza de garantías Vanesa Macedo Font avaló la formulación de cargos, pero se generó una discrepancia respecto a las medidas de coerción. La fiscalía solicitó prisión domiciliaria por dos meses para los principales sospechosos (M.A.A., M.R.A., T.F.G. y R.G.E.M.). Sin embargo, la magistrada rechazó este pedido y dispuso medidas menos gravosas, como comparendos periódicos y la prohibición de contacto entre los integrantes de la banda y hacia personas vinculadas a la investigación. Ante esta resolución, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron formalmente la revisión de la decisión, insistiendo en la necesidad de la prisión domiciliaria para asegurar el proceso.