Quito, 19 oct (EFE).- El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) instó este lunes al sistema judicial ecuatoriano a reforzar las investigaciones para combatir el lavado de activos y orientar la persecución penal hacia el desmantelamiento de la capacidad económica de las estructuras criminales, y no solo hacia la sanción de personas individuales. La recomendación del OECO surge de su más reciente estudio, en el que analizó 48 procesos judiciales por lavado de activos (blanqueo de capitales) entre 2023 y 2025, de los cuales ocho terminaron con sentencias condenatorias a 38 personas, veintiocho naturales y diez jurídicas. PUBLICIDAD Además, el observatorio recomendó "mejorar la identificación del delito precedente y ampliar las investigaciones hacia sectores económicos emergentes y mecanismos sofisticados de lavado de activos". De las veintiocho personas naturales condenadas, veinte recibieron penas de entre diez y trece años de prisión, mientras que a todos los condenados se les impuso el decomiso de bienes valorados en un total de cuarenta millones de dólares. El estudio también reveló que en un 54 % de los expedientes analizados, equivalentes a veintiséis procesos, no se logró identificar el delito del que procedían los recursos ilícitos. Entre los veintidós casos en los que sí se identificó el delito de origen, el narcotráfico fue el más frecuente, con ocho procesos, seguido de la corrupción, con cinco, lo que, según el observatorio, alerta de "la penetración del crimen organizado en el sector público". PUBLICIDAD El OECO también advirtió que en solo una pequeña proporción de las investigaciones se consiguió identificar estructuras criminales más complejas, con empresas y entramados societarios vinculados a servicios financieros, comercio, actividades inmobiliarias, camaroneras y activos virtuales. "En este sentido, la falta de elementos para identificar a los beneficiarios efectivos y las redes económicas vinculadas limita los esfuerzos para imponer medidas y penas oportunas que ataquen directamente a las redes criminales complejas", afirma el estudio. El texto también alertó de la duración de los procesos judiciales, ya que las causas ingresadas en 2023 registraron un promedio de cinco años transcurridos desde los hechos, un periodo que aumentó a seis años en las de 2024 y a siete en las de 2025. EFE PUBLICIDAD