Quedó confirmada la privatización del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), con una serie de controversias que ponen en peligro su adjudicación. La oferta seleccionada fue la del consorcio encabezado por la compañía argentina Rowing S.A. por u$s340,2 millones, una cifra muy por debajo de los u$s500 millones que Diego Chaher, titular Agencia de Transformación de Empresas Pública, había afirmado en Ámbito que se "recibiría como mínimo" por la privatización. Un nuevo elemento que generó alertas fue que la empresa Rowing S.A. forma parte de las firmas de infraestructura del grupo Equo Capital, que en su sección de "Logística, marketing y tecnología" cuenta con otras dos sociedades: Direct Group y Lógico.

La particularidad de estas dos firmas es que fueron aportantes de campaña de La Libertad Avanza en la sección Capital Federal, por el mismo monto ($20 millones cada una) y con un día de diferencia (28 y 29 de julio), para las elecciones legislativas del 2025. Lo advertido por Walter Martello, de la Defensoría del Pueblo bonaerense, es posible de constatar por la información pública de la Cámara Nacional Electoral. Denunciaron el proceso de tasación de AySA A esto se le sumó una denuncia realizado por cuatro legisladores del peronismo que conforman la Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones.

Con las firmas de las diputadas Florencia Carignano y Ana María Ianni y los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich elevaron una demanda a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) -a cargo del fiscal Sergio Rodríguez- contra el propio Chaher y Julio Villamonte, presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación. El objetivo es "investigar el proceso de licitación y paralizar el trámite de privatización", según precisó el propio Capitanich en diálogo con Ámbito. En la denuncia acusan que "el Poder Ejecutivo armó, norma por norma, un circuito que sacó la tasación de las empresas públicas del organismo legamente competente", entre las que enumeran la ley Bases, dos decretos (780/2024 sobre acceso a la información pública y 450/2025 sobre tasaciones) y tres resoluciones.

A su vez, señalaron "irregularidades en los distintos procesos de licitación y que se mantuvieron "reservados todos los informes de tasación y valuación" de los procesos para definir la cotización de la privatización de AySA. Este medio ya había advertido sobre las restricciones a la información pública establecidas por el Tribunal de Tasaciones. Los legisladores también detallaron que el Tribunal de Tasaciones emitió un informe en donde afirmó que no puede tasar con el criterio del Gobierno, que utiliza un enfoque de "ingresos esperados, la inversión comprometida y los costos operativos"; sino que sólo elaboran cotizaciones a partir de activos físicos.

Esta notificación fue omitida en el tratamiento parlamentario. Ante ello, la tasación quedó delegada a una unidad creada con ese fin, en el ámbito del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). "AySA se licita 'sin base' por lo que, con su tasación bajo secreto, no hay ningún parámetro público para juzgar si la mejor oferta es aceptable", analizaron los denunciantes, que "el único sentido que tiene mantener el secreto sobre el presupuesto oficial es impedir que se controle la adjudicación", consideraron. Tampoco descartaron avanzar hacia una acción penal por "incumplimiento de los deberes de funcionario público", "administración fraudulenta" y "negociaciones incompatibles" con la administración pública. "Cuando se vende un activo, nosotros queremos saber perfectamente cuál es su método de valuación", esclareció Capitanich, quien además remarcó que "AySA tiene la transferencia del capital accionario y una concesión, que se extiende por 30 años con la posibilidad de 10 más".

Se estima que el servicio alcanza a 3,35 millones de hogares y cerca de 350.000 usuarios no residenciales en todo el AMBA, y ante ello el senador pidió conocer las metas de inversión: "Tienen el 75% de cobertura de agua potable y el 63,4% en redes cloacales, por lo tanto no es una cuestión menor el plazo de concesión y el período de inversión porque sino vas a llevar a la población a estar 40 años sin el servicio".