* Directora GEM de TMF Group El proyecto de ley que busca reemplazar la histórica Ley General de Sociedades N° 19.550 no debe leerse únicamente como un listado de cambios técnicos, sino como una redefinición del modo en que se concibe la actividad empresarial en la Argentina. Más allá del detalle normativo, lo verdaderamente interesante es la lógica subyacente: una apuesta por simplificar, flexibilizar y modernizar un régimen que, tras décadas de aplicación, había quedado desactualizado frente a las nuevas dinámicas económicas. En este sentido, una de las principales virtudes del nuevo enfoque, es su capacidad de reducir la fricción entre la idea de emprender y la concreta puesta en marcha de un negocio. La legislación vigente fue pensada en otro contexto económico, donde las empresas responden a estructuras más rígidas y previsibles. Hoy, sin embargo, los proyectos nacen, crecen y se transforman a gran velocidad. Frente a esta realidad, la ley introduce una visión más pragmática: menos burocracia innecesaria y mayor agilidad operativa. Esto no solo facilita la creación de nuevas sociedades, sino que también reduce costos indirectos, incentivando la formalización. Otra ventaja relevante es el reconocimiento implícito de que la diversidad empresarial requiere marcos normativos más abiertos. La regulación clásica tendía a encasillar a las sociedades dentro de modelos rígidos, lo cual obligaba a adaptar la realidad del negocio a la norma, en lugar de lo contrario. El nuevo diseño, en cambio, parece orientarse a la autonomía de la voluntad, permitiendo estructuras más personalizadas. Esta flexibilidad es clave para atraer inversiones, especialmente en sectores innovadores donde las reglas del juego cambian constantemente. En la misma línea de modernización que inspira el proyecto de reforma, las recientes resoluciones dictadas por la IGJ durante 2026 refuerzan esta tendencia hacia un derecho societario más ágil y adaptable. Medidas como: la digitalización de los trámites registrales, la eliminación progresiva del soporte papel y la implementación de sistemas de inscripción electrónica, que no solo reducen cargas administrativas, sino que también acortan tiempos y mejoran el acceso al sistema formal. Asimismo, la simplificación de requisitos para sociedades, incluidas aquellas constituidas en el extranjero, y la flexibilización de aspectos vinculados a administradores, garantías y procedimientos internos evidencian un cambio de paradigma en el rol del organismo de control: ya no se trata únicamente de fiscalizar, sino de acompañar el desarrollo empresarial. Estas iniciativas, lejos de ser aisladas, dialogan con el espíritu del proyecto de ley, consolidando un ecosistema normativo más coherente con las necesidades actuales: menos burocracia, mayor previsibilidad y un entorno más propicio para la inversión y la actividad económica En definitiva, más que reemplazar una ley por otra, lo que está en juego es la posibilidad de construir un entorno más favorable para la iniciativa privada. Si este nuevo enfoque logra articularse no solo a nivel legislativo, sino también a través de su implementación concreta, como ya empieza a evidenciarse en las recientes resoluciones de la Inspección General de Justicia, orientadas a la simplificación, digitalización y agilización de los trámites, el impacto positivo podría ser significativo: más empresas, mayor formalización y un incremento en la inversión.