Nueva York — Nicolás Maduro volverá a presentarse este jueves 26 de marzo ante la justicia federal de Estados Unidos en una audiencia clave que, lejos de centrarse aún en las acusaciones por narcotráfico, pondrá el foco en una disputa previa: si el gobierno estadounidense está interfiriendo en su derecho a defenderse. El caso contra el líder venezolano —abierto originalmente en 2011 y ampliado en 2020— entró en una nueva etapa tras su captura en Caracas el pasado 3 de enero y su traslado a Nueva York. Dos días después, ante el juez Alvin Hellerstein, Maduro se declaró no culpable y aseguró: “Soy inocente.

No soy culpable. Soy un hombre decente. Sigo siendo el presidente de mi país”.

Desde entonces, el expediente transita una etapa preliminar atravesada por disputas legales que podrían resultar determinantes para su curso. Qué se discute en la audiencia La audiencia de este martes no será un juicio ni una instancia sobre la culpabilidad o inocencia de Maduro. El eje estará en un conflicto puntual: el financiamiento de su defensa legal.

El abogado principal de Maduro, Barry J. Pollack, pidió al tribunal que desestime la acusación al sostener que el gobierno estadounidense bloqueó los fondos con los que el Estado venezolano debía cubrir los honorarios de sus abogados. En su presentación, la defensa sostiene que esa decisión “interfiere” con sus derechos constitucionales y le impide contar con el abogado de su elección.

Y advierte que “obligar a los acusados a aceptar un abogado designado por el tribunal… no es una solución en absoluto.” Sobre esa base, los abogados pidieron directamente la desestimación del caso o, en su defecto, la apertura de una audiencia probatoria para analizar el impacto de las sanciones en su defensa. La respuesta de Estados Unidos La fiscalía rechazó ese planteo. En un escrito presentado días antes de la audiencia, los fiscales argumentaron que no corresponde permitir que fondos del Estado venezolano financien la defensa, en parte porque Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo.

Además, sostuvieron que la autorización inicial para esos pagos fue un “error administrativo” y remarcaron que los acusados pueden recurrir a recursos propios o a defensa pública. Un antecedente inevitable: Noriega Aunque el caso recién empieza, ya aparece una comparación inevitable: la del ex líder panameño Manuel Noriega. En 1989, Estados Unidos invadió Panamá, capturó a Noriega y lo llevó a juicio en Miami por cargos de narcotráfico.

Noriega intentó frenar el proceso alegando inmunidad y cuestionando la legalidad de su captura. No lo logró. Fue condenado en 1992 y pasó casi dos décadas preso en Estados Unidos antes de ser extraditado a Francia y luego a Panamá, donde murió en 2017 bajo custodia.

El antecedente es relevante porque muestra que la justicia estadounidense ya ha juzgado a líderes extranjeros capturados en operaciones militares. Sin embargo, el caso Maduro presenta diferencias clave: a diferencia de Noriega, Maduro sostiene que sigue siendo presidente en funciones, lo que abre una disputa más compleja sobre inmunidad y reconocimiento internacional. Por qué esta audiencia es clave Aunque técnica, la discusión sobre los honorarios tiene implicancias de fondo.

La defensa sostiene que el gobierno está limitando indirectamente su derecho a elegir abogado al bloquear los fondos con los que podría financiar su representación. El gobierno responde que el derecho a defensa está garantizado, aunque no en las condiciones que Maduro plantea. El juez Hellerstein deberá decidir ahora si el caso puede avanzar en estas condiciones o si corresponde abrir una instancia adicional para analizar el conflicto.

Lo que viene Más adelante, el proceso enfrentará desafíos aún mayores. Entre ellos: - el reclamo de inmunidad como jefe de Estado - la legalidad de su captura en Venezuela - y el alcance de la jurisdicción estadounidense Todas cuestiones que podrían extender el caso durante años y, eventualmente, llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Un caso que recién empieza El expediente contra Maduro es uno de los más inusuales en la historia reciente de la justicia estadounidense: involucra a un líder extranjero acusado de narco-terrorismo, capturado en una operación militar y llevado a juicio en Nueva York.

Pero, por ahora, la batalla no es sobre las acusaciones en sí. Es sobre algo más básico: si el juicio puede avanzar —y bajo qué reglas.