El obispo nicaragüense Silvio Báez, privado de su nacionalidad y exiliado en Estados Unidos, instó este domingo a los fieles católicos a no ceder ante la injusticia ni el mal durante una homilía pronunciada ocho años después de las manifestaciones contra Daniel Ortega en Nicaragua. Poco antes del aniversario del estallido social del 18 de abril de 2018, Báez subrayó que Jesús murió acusado “injustamente” y afirmó que Dios hace justicia a las víctimas: “Dios resucita al crucificado y vence la injusticia”, manifestó el obispo auxiliar de Managua, según la agencia internacional de noticias EFE. El jerarca católico añadió que “hacer el bien a los demás es ya resucitar” y alentó a los creyentes a rechazar el miedo ante sistemas y poderes injustos.

Báez, a quien el papa Francisco recomendó abandonar Nicaragua en 2019 por razones de seguridad, aseguró durante la homilía que el mensaje de la resurrección implica “la victoria de la justicia divina sobre la injusticia humana” e invitó a proclamar perdón y esperanza. La homilía de Báez ocho años después del estallido de la represión Managua fue uno de los principales escenarios de las protestas de 2018. Las protestas iniciadas por reformas a la seguridad social derivaron en una masiva exigencia de renuncia de Ortega.

Tras la violenta represión oficial, al menos 355 personas murieron según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la OEA. Organismos locales elevaron el recuento a casi 700 víctimas, mientras el mandatario reconoció “más de 300” fallecidos y calificó el episodio como un intento de golpe de Estado, señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las cifras de víctimas y la posición de distintos actores nacionales e internacionales han marcado la narrativa sobre aquellos hechos en Nicaragua hace ocho años.

Mientras tanto, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha consolidado un incremento de poder y ha endurecido su aparato represivo, por lo que organizaciones de derechos humanos dentro y fuera del país han denunciado una intensificación de la persecución y reclaman justicia internacional para las víctimas de crímenes cometidos desde el inicio de la crisis política, según informes de la ONU. El octavo aniversario se presenta en un contexto de creciente aislamiento del país y una estrategia orientada a borrar de la memoria colectiva los episodios de represión, asesinatos y exilio forzado. Pero organizaciones opositoras desde el exilio como la Concentración Democrática Nicaragüense, han sostenido que el régimen “se sabe derrotado” y, por ello, ha impulsado “una nueva Constitución y nuevas leyes cada vez más autoritarias y represivas”, además de aumentar el número de miembros del ejército y la policía para sofocar cualquier disidencia.

El grupo subraya que, a pesar de las denuncias internacionales y los llamamientos a la democracia, centenares de funcionarios y fuerzas de seguridad continúan sosteniendo un sistema basado en vigilancia y represión sobre la sociedad civil. La persecución política en Nicaragua no se limita al territorio nacional. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su informe de abril de 2026 citado por Infobae, alertó sobre una red transnacional de inteligencia y control respaldada por el régimen, diseñada para “monitorear, intimidar y atacar” a los cientos de miles de nicaragüenses exiliados.

Esta estructura involucra al ejército, la policía, autoridades migratorias y misiones diplomáticas. Desde 2018, la dictadura ha recurrido al uso de fondos públicos para financiar la represión, lo que incluyó la creación de una estructura paralela dentro del partido de gobierno. El grupo de expertos de la ONU documentó que al menos 452 personas han perdido arbitrariamente su nacionalidad, y miles más permanecen en situación de apatridia de facto por la negativa estatal a renovar o emitir documentos, impidiéndoles regresar al país.

Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos de la ONU, declaró: “La represión y la corrupción institucional se han convertido en el método de gobierno en Nicaragua. La persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras para garantizar que nadie —absolutamente nadie— se interponga en el camino del régimen”, según recogió Infobae. En este período también se han registrado al menos doce asesinatos o intentos de asesinato contra opositores exiliados.

El caso del mayor retirado del ejército Roberto Samcam, asesinado en Costa Rica en junio de 2025, ilustra el alcance de las acciones represivas fuera del territorio nicaragüense. El informe del Grupo de Expertos de la ONU, creado en marzo de 2022 bajo el mandato del Consejo de Derechos Humanos para investigar los abusos desde abril de 2018, respalda las denuncias sostenidas por víctimas, familiares y medios independientes. Reed Brody, integrante del comité, destacó que “el mal uso y el desvío de recursos públicos han contribuido directamente a la comisión de graves violaciones de derechos humanos” en Nicaragua.

La Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, integrado por activistas en el exilio, emitió recientemente un llamado desde Costa Rica para que la comunidad internacional no permanezca indiferente ante el agravamiento de la crisis, según informó EFE. La organización contextualizó el conflicto a partir de las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018 contra reformas de seguridad social, una fecha que marca el comienzo de una escalada represiva que derivó en ejecuciones extrajudiciales, torturas, destierros, apatridia y la consolidación de “una maquinaria de propaganda” para ocultar los crímenes. La comunidad internacional, según el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, enfrenta el reto de adoptar medidas concretas para frenar la impunidad y evitar la repetición de los delitos documentados, manteniendo la atención sostenida sobre las violaciones persistentes bajo el régimen de Ortega y Murillo.

La declaración de la ONG, citada por EFE, advierte que la “verdad constituye un derecho fundamental para las víctimas, sus familias y el conjunto de la sociedad, además de ser condición indispensable para la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición”. El colectivo denuncia que este derecho se ha negado de manera sistemática mediante el silencio oficial, impunidad y manipulación institucional. El Colectivo exige esclarecimiento sobre el destino de los desaparecidos, las condiciones de las personas presas y excarceladas por motivos políticos, los asesinatos perpetrados desde 2018 y la cadena de mando responsable por estos hechos.

También reclama información sobre confiscaciones, destierros, desnacionalización y el uso de las instituciones estatales para garantizar impunidad. La concentración opositora destaca que el régimen intenta “borrar de la memoria colectiva las ejecuciones extrajudiciales, las masacres, las torturas, los destierros, las desnacionalizaciones, el exilio forzado, los encarcelamientos injustos, los juicios amañados y las confiscaciones”, pero confía en el éxito de la red de apoyo internacional para preservar la verdad histórica y encaminar la causa hacia la justicia.