A once años de la primera movilización de Ni Una Menos, el Gobierno nacional busca tomar distancia de la convocatoria de este 3 de junio. Considera que la marcha tendrá un alcance similar al de los últimos años, pese a la conmoción social generada por una serie de femicidios que volvieron a instalar la problemática en el centro de la agenda pública. En los despachos oficiales volvieron a argumentar que la actividad “tiene política” detrás.

En concreto, cuestionan lo que consideran una creciente "politización" de la protesta y sostienen que la incorporación de consignas vinculadas a la situación económica y al endeudamiento terminó desdibujando el reclamo original contra la violencia de género. Según fuentes del Ejecutivo, la convocatoria realizada en el Congreso no tiene niveles excepcionales de participación, aun cuando el asesinato de la adolescente Agostina Vega en Córdoba reavivó el debate sobre los femicidios y las políticas de prevención. Desde la Casa Rosada a su vez destacan que durante la gestión de Javier Milei se redujeron los índices de femicidios y reivindican la eliminación del ex Ministerio de las Mujeres como parte de la estrategia de reducción del gasto público.

Al mismo tiempo, rechazan las acusaciones de retroceso en materia de derechos y sostienen que las organizaciones convocantes mantienen una posición abiertamente opositora. Del otro lado, los organizadores aseguran que la movilización busca visibilizar no sólo la persistencia de la violencia machista sino también el impacto que las políticas económicas tienen sobre las mujeres y diversidades. La consigna de este año incorpora referencias al endeudamiento y cuestionamientos directos al rumbo económico del Gobierno, una decisión que es señalada por el oficialismo como prueba del sesgo político de la protesta.

La marcha tuvo como epicentro el Congreso de la Nación y coincidió con otras expresiones de protesta social a lo largo de todo el país. Además de organizaciones feministas, participaron sectores sindicales, agrupaciones de jubilados y movimientos sociales, en una postal que el Gobierno interpreta como un intento de unificar distintos reclamos contra la administración libertaria.