Neuquén, sin orden democrático - 3 minutos de lectura' Lo ocurrido recientemente en Neuquén donde el propio Estado provincial impidió la ejecución de un desalojo con sentencia firme al no aportar el personal policial necesario no es un hecho menor ni una anécdota administrativa. Es, en rigor, una manifestación grave de la renuncia del Estado a ejecutar su función más básica: hacer cumplir la ley. Cuando una decisión judicial, dictada luego de un proceso legal completo, no se lleva adelante por falta de voluntad política, el problema deja de ser jurídico para convertirse en institucional. Ya no se discute un conflicto puntual, sino la vigencia misma del Estado de Derecho. Lo que está en juego no es la situación de un predio ni la identidad de quienes lo ocupan. Lo que está en juego es si en la Argentina las sentencias son obligatorias o meramente opinables. Si el cumplimiento de la ley depende de la conveniencia política del momento o si constituye, como debería, el piso mínimo de la convivencia democrática. En Villa La Angostura, los ejemplos se acumulan: obras públicas paralizadas pese a expropiaciones firmes, espacios públicos ocupados durante años en abierta desobediencia a fallos judiciales, actividades comerciales ilegales toleradas bajo argumentos ya rechazados por la Justicia. La reiteración de estos hechos no solo erosiona la seguridad jurídica: instala la idea de que el cumplimiento de la ley es negociable. El episodio de Neuquén introduce un elemento aún más preocupante: ha sido una acción directa que impide que la Justicia se haga efectiva. Es el propio poder político el que bloquea la ejecución de una sentencia. En ese gesto se consuma una inversión del orden institucional: quien debería garantizar la legalidad se convierte en su principal obstáculo. El pacto de convivencia en una sociedad democrática se funda en una premisa concreta: las normas se cumplen y las decisiones judiciales se ejecutan. Cuando esa premisa se rompe, todo el edificio institucional comienza a resquebrajarse. Porque si una sentencia puede no cumplirse, entonces ninguna obligación es plenamente exigible. No se trata de desconocer la complejidad de los conflictos territoriales ni de negar la necesidad de abordarlos con sensibilidad política, pero esa complejidad no puede ser una excusa para la inacción ni, mucho menos, para la desobediencia institucional. La Argentina enfrenta, en este punto, una disyuntiva clara. Puede seguir tolerando un sistema en el que los conflictos se resuelven por la vía de los hechos consumados, donde la presión sustituye al derecho y la oportunidad política desplaza a la norma. O puede reafirmar, con decisión, que la ley rige para todos por igual y que las sentencias no se negocian.