La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) emitió una multa por MXN $19.9 millones de pesos a Rappi y Banorte, después de acusarlos de concentrarse sin obtener el permiso del organismo antimonopolio. En un comunicado, la CNA detalló que las empresas sancionadas celebraron una operación en la que Banorte compró la facultad de intervenir en las decisiones del negocio de tarjetas de crédito de Rappi, sin que dicha operación fuera previamente analizada y autorizada por la autoridad. “El control previo de concentraciones es un mecanismo preventivo esencial que tiene la finalidad de proteger a consumidores y empresas de potenciales condiciones anticompetitivas. Cuando dos empresas se concentran, esa decisión puede cambiar los precios, la calidad y las opciones que encontramos todos los días al adquirir un producto o contratar un servicio y, una vez ejecutada la operación, sus efectos pueden ser difíciles de revertir”, señaló la CNA. El organismo que sustituyó a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) detalló que la legislación establece que determinadas operaciones deben notificarse y esperar una resolución formal antes de concretarse. Banorte informó en abril de 2025 que cumplió con todas las condiciones a las que se encontraba sujeta la operación y que incluye la autorización de la CNA. Banorte responde En un comunicado enviado al público inversionista, Banorte dijo que está en “desacuerdo total” con la sanción y evalúa con sus asesores los términos y argumentos que sustentan la multa. En este sentido, Banorte aclaró que el financiamiento entregado a Rappi Card fue informado a la extinta Cofece, durante la concentración de Banorte y Tarjetas del Futuro, y fue autorizada en 2021 por la CNA. En segundo lugar, señaló que la Cofece no cuestionó ningún aspecto relacionado con el financiamiento o el paquete de garantías. El banco descartó que la multa tenga un impacto significativo en materia operativa o financiera para Banorte, pero evaluará los medios de defensa para impugnar la sanción, que no será ejecutable hasta que se concluya el proceso correspondiente, lo que puede tardar hasta dos años a partir de la presentación de la demanda de amparo.