La doctrina de la emergencia es una tradición jurídica en la Argentina que aún antes de 1983 a la fecha la dirigencia se ha esmerado en ocultar porque es la prueba de un consenso desagradable: uno que atestigua las limitaciones de la política para construir acuerdos de gobernabilidad democrática de largo alcance. Cada gestión invocó a su turno la necesidad de contar con normas excepcionales para atender situaciones excepcionales. Sólo para mencionar los antecedentes más cercanos: Alberto Fernández consiguió a once días de asumir la presidencia una ley del Congreso que le aprobó facultades extraordinarias para atender una decena de emergencias. Con esa ley como marco, Fernández pudo decretar desde la suspensión de la movilidad jubilatoria y el congelamiento de tarifas, hasta los cambios en las retenciones agropecuarias y la creación del «Impuesto País» al dólar. Javier Milei asumió en una situación de indigencia parlamentaria y recurrió a un decreto de necesidad y urgencia (DNU) de vasto alcance como instrumento de emergencia. Ese decreto (DNU 70/23) sobrevive hasta hoy por la vigencia de otra norma creada para la emergencia: la ley 26.122 del año 2006. Esa ley establece un procedimiento de sanción ficta de los DNU: sin un rechazo bicameral explícito, los DNU son válidos por defecto. La ley fue impulsada por la entonces senadora Cristina Kirchner para proteger del veto parlamentario las decisiones de emergencia del presidente Néstor Kirchner. Esta semana, la Casa Rosada caminó por la cornisa. La oposición se puso en el umbral de una derogación que hubiese sido fatal para Milei. Estuvo a punto de conseguir el número de diputados requerido para voltear el DNU 70. Por la amplitud del decreto, el tembladeral jurídico provocado al revisar acciones consumadas durante los casi tres años de su vigencia hubiese sido mayúsculo. Pero el efecto político hubiese sido peor: Milei estuvo a punto de perder la clave de bóveda de su reforma económica. La gravedad de la amenaza quedó en segundo plano por los incidentes violentos que se registraron en la puerta del Congreso durante una nueva protesta universitaria. ¿Por qué llegó Milei a ese punto ciego y por qué la oposición se unificó para una acción tan ambiciosa de bloqueo? Para la Casa Rosada, la tormenta comenzó con el tropiezo parlamentario de la Ley de Tierras. Para la oposición, la embestida fue una síntesis adecuada para sus reproches acumulados: las disconformidades con las normas sobre discapacidad, financiamiento universitario, endeudamiento familiar y reclamos de fondos y obras públicas. Pero el mar de fondo es otro. Milei es un presidente que hace un año lanzó su candidatura a la reelección. Sus adversarios todavía no definieron una oferta electoral unificada y competitiva. Ambos espacios leen con devoción los números de sus encuestas. Prácticamente todas reflejan dos tendencias claras: la posición de Milei cedió y no sostiene la aprobación que tenía tras la última elección, pero ninguno de sus adversarios consigue superarlo. En realidad, hay una tendencia general, mucho más nítida: ningún político en Argentina consigue perforar la barrera roja de un 50% de rechazo explícito. La competencia es por las migajas de la consideración positiva. Los dos bloques políticos atribuyen esa negatividad a la economía, aunque con diagnósticos diametralmente opuestos. Para el Gobierno, la insatisfacción económica es una consecuencia esperable y sobre todo temporaria del tránsito del modelo populista al modelo de economía abierta. Para sus adversarios, el malestar es por el fracaso del modelo liberal y su falta de empatía política. Hay números de los que se sirven ambas argumentaciones. La oposición le recuerda a Milei que el FMI calculaba para Argentina en este año una expansión del 3,5% y bajó sus expectativas de crecimiento a 2,1% del PIB. La Casa Rosada contrapone la aprobación por el FMI de la tercera revisión anual del programa económico argentino, con elogios a la política fiscal. La inflación de septiembre se ubicó por debajo de los dos puntos. Ajuste y crecimiento El crecimiento exponencial del eje cordillerano ya no está en discusión; persiste en cambio el debate sobre la retracción de la actividad en los conurbanos más densamente poblados. Domingo Cavallo recurrió a un informe de la Fundación Mediterránea para advertir que el problema sería el «doble ajuste» de la gestión Milei. El fiscal que hizo sobre el gasto público y el de sesgo monetarista que aplicó desde abril de 2025. Existe además un debate larvado en el equipo de Milei: el del nivel del tipo de cambio. Alberto Ades, el economista al que Milei autorizó a participar en una reunión de gabinete, señaló que lo ideal sería un dólar más alto pero es lógico que el peso se aprecie en medio de un proceso de desinflación. Ades dijo algo tal vez más significativo, teniendo en cuenta la rigidez del dogma Milei: hay intervención del gobierno para mantener el dólar como está. «No intervienen vendiendo dólares, pero intervienen emitiendo instrumentos vinculados al dólar». Los críticos de Milei atribuyen la escalada del riesgo país a las dudas sobre la consistencia del programa económico. En el Gobierno señalan circunstancias más obvias: Axel Kicillof dijo que hay una huracán de cola para la economía argentina por el precio del petróleo, pero que Milei corre contra el viento; al mismo tiempo que Máximo Kirchner prometió inseguridad jurídica para las inversiones atraídas con el RIGI. El gobernador cordobés Martín Llaryora opinó que el país actual se hunde en una crisis, mientras Alberto Fernández recuerda que si hacía lo que Cristina Kirchner le pedía, el país estallaba en pedazos. Lanzado a la presidencia, Sergio Massa sobrevuela esas contradicciones en silencio y visita a la expresidenta que Kicillof elude. Hay una convicción implícita en todos esos movimientos: la creencia de que la política opera como un péndulo y regresará en algún momento de la experiencia Milei. Es una creencia, no verifica aún como predicción. La doctrina de la emergencia es una tradición jurídica en la Argentina que aún antes de 1983 a la fecha la dirigencia se ha esmerado en ocultar porque es la prueba de un consenso desagradable: uno que atestigua las limitaciones de la política para construir acuerdos de gobernabilidad democrática de largo alcance.