El botín de la basura en la Ciudad de Buenos Aires tiene un precio exacto: 200 millones de dólares. Con esa cifra sobre la mesa, Pablo Moyano decidió pasar a la ofensiva y sacar a los recolectores a la calle para marcarle la cancha a la gestión de Jorge Macri. El objetivo de la demostración de fuerza es uno solo: forzar al Ejecutivo porteño a que siga pagando millonarias indemnizaciones en los próximos contratos de higiene urbana (2028-2038), un grifo de fondos públicos que el actual gobierno ya avisó que planea cerrar definitivamente.

La movida de presión esquivó el tradicional escenario de la Legislatura y desembarcó directamente en la Comuna 1, en pleno San Telmo. Mientras adentro se desarrollaba una audiencia pública virtual para delinear la letra chica de las futuras concesiones, afuera la tensión escaló hasta los empujones entre los propios manifestantes. En medio del clima caldeado, Marcelo Aparicio, secretario Gremial del sindicato, formalizó la exigencia entregando un petitorio por mesa de entradas.

El problema para el gremio, tal como había anticipado el portal Infobae, es que la Ciudad ya tomó la decisión política de no incluir este resarcimiento cuando se renueven los pliegos. Lo que está en disputa es un mecanismo financiero tan insólito como lucrativo. El pliego vigente (prorrogado hasta 2028) obliga al Gobierno porteño a darle la plata a las empresas para que liquiden al personal al terminar la concesión.

El detalle que hace ruido es que la propia Ley 4120 de la Ciudad exige que la totalidad de esos mismos empleados conserven sus puestos de trabajo. En criollo: los contribuyentes terminan financiando con sus impuestos un sistema de "despidos ficticios" donde los operarios cobran indemnizaciones completas y al día siguiente se presentan a trabajar en el mismo camión, sin perder un solo minuto de antigüedad laboral. Consciente de que esta vez la billetera corre peligro, el hijo de Hugo Moyano ya había empezado a agitar las aguas en asambleas previas. "Todo lo que conseguimos fue en la calle y luchando.

Con el pago de las indemnizaciones no vamos a retroceder un paso", advirtió a los gritos, desafiando a las autoridades a que le manden a la policía. El nerviosismo de la cúpula sindical no es solo por los contratos a futuro, sino por la sospecha de que el Presupuesto 2027 tampoco incluya las partidas para costear las liquidaciones de los 6 mil recolectores actuales. Toda esta caja registradora tiene copyright: la famosa "Ley Moyano".

Es un código no escrito que se impone a puro poder de fuego desde 1998. La bajada de línea del sindicato no tiene grises: si la empresa cambia de dueños, de nombre o se renueva la concesión, los trabajadores tienen que ser echados, cobrar la indemnización completa y, al minuto siguiente, volver a ser contratados como si nada hubiera pasado. El historial de aprietes y la rebelión de las bases El modus operandi no es un invento cien por ciento porteño, aunque paradójicamente se hizo fuerte y echó raíces durante los años de Mauricio Macri en la Ciudad.

La topadora de Camioneros ya usó esta misma receta para pasar por caja en municipios como Avellaneda y Moreno, y para meter la cuchara en transacciones pesadas del sector privado: lo hicieron con la distribuidora de Quilmes, con DHL, FedEx y hasta con la venta de Walmart al Grupo Narváez. La última gran sacudida al cajero del Estado porteño fue en 2022. En aquel momento, Horacio Rodríguez Larreta decidió estatizar el servicio de grúas y tuvo que invertir 2.000 millones de pesos de las arcas públicas para dejar a la familia Moyano contenta.

Sin embargo, este sistema empezó a mostrar fisuras este mismo año. En mayo, Pablo Moyano quiso jugar fuerte y amenazó con llenar la Capital de basura si no le garantizaban el pago de las liquidaciones para octubre. La maniobra de presión chocó de frente contra la pared: el Ejecutivo porteño puso los papeles sobre la mesa y le recordó que los contratos ya habían sido prorrogados oficialmente hasta septiembre de 2028.

Sin un vencimiento inminente a la vista, el sindicato se quedó sin margen de maniobra para exigir el cobro. Ese error de cálculo de la conducción detonó un conflicto inédito con las bases. En las plantas de Cliba, los recolectores estallaron de bronca en asambleas caldeadas donde la propia tropa quedó registrada en video tildando al dirigente de "Pablito traidor" por no asegurar los fondos.

Para intentar apagar el incendio interno, el número tres del gremio, Marcelo Aparicio, tuvo que difundir un mensaje de urgencia. En su intento por contener el daño admitió sin vueltas que este pago "no existe en la ley", pero lo justificó definiéndolo como un "privilegio" histórico que los trabajadores lograron arrancarle al sistema. TC