El oficialismo ganó este martes la primera pulseada política sobre el fenómeno de la morosidad familiar. Con 32 firmas, La Libertad Avanza, el PRO y la UCR lograron dictamen de mayoría sobre un proyecto que establece medidas preventivas pero no alivia las deudas actuales. La oposición, por su parte, unificó una propuesta para generar un plan de refinanciamiento, que reunió 27 adhesiones.

El llaryorismo pegó el faltazo y abrió dudas. Los dictámenes se firmaron en las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor. Ahora la discusión pasó al recinto, con final abierto: los bloques no oficialistas que firmaron el dictamen de minoría (Unión por la Patria, parte de Provincias Unidas y la Coalición Cívica) creen que pueden ganar la votación con ayuda del Frente de Izquierda, Encuentro Federal y, sobre todo, algunos gobernadores dialoguistas.

La mira está puesta en Argentina Federal, un bloque integrado por misioneros y salteños que venía votando con La Libertad Avanza pero desde hace un tiempo empezó a mostrarle los dientes. Para abrir una negociación a dos bandas, sus diputados presentaron una tercera propuesta más cercana a la de la oposición que a la del oficialismo. El PJ cordobés dejó interrogantes abiertos.

Ignacio García Aresca, quien tenía la lapicera este martes en nombre de Martín Llaryora, estuvo ausente y no defendió la propuesta de su par Alejandra Torres (acompañada por Juan Schiaretti) para generar un plan de refinanciación con créditos ajustados a tasa UVA e incentivos a los bancos vía recursos del FGS de la ANSES. La oposición desechó esa idea a la hora del texto final. Dos miradas diferentes Libertad Avanza bautizó su dictamen con un título pomposo: “Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores”.

Ninguno de sus 20 artículos alivia la situación de los casi seis millones de morosos que hay hoy en Argentina. Las entidades crediticias deberán brindar información clara, completa y comprensible sobre las condiciones de cada operación y los impuestos que inciden en el costo de la financiación. El usuario también podrá solicitar gratuitamente una liquidación completa y verificable de su deuda, y consultar su perfil de riesgo crediticio.

Se incorporan en la currícula escolar contenidos de educación financiera, en articulación con el Consejo Federal de Educación y las jurisdicciones locales. Por otra parte, la contratación digital de créditos de consumo deberá contar con mecanismos reforzados de autenticación y doble validación. En cuanto al control, las billeteras digitales, plataformas y otros proveedores que permitan a menores de 18 años realizar consumos con cargo a una tarjeta de crédito deberán implementar mecanismos de notificación.

Además, los emisores de tarjetas deberán ofrecer que el usuario fije un tope propio para controlar sus gastos. Quienes se endeuden por medios digitales tendrán derecho a revocar su aceptación dentro de un plazo no menor a 10 días hábiles. Para eso, las plataformas deberán tener disponible un “botón de arrepentimiento”.

Este punto fue objetado técnicamente por la UCR, que firmó el dictamen mayoritario en disidencia. La bullrichista Silvana Giudici (LLA) defendió el texto. “No podemos aplicar parches que nos terminen enajenando el futuro y provoquen el quiebre de nuestro régimen financiero. ¿Qué país del mundo pudo crecer o desarrollarse con un sistema financiero quebrado?

¿Vamos a aplicar otra vez las recetas del pasado?”, arremetió. El radical Pablo Juliano, de Provincias Unidas, le salió al cruce con ironía. “No podés mandar a la gente a hacer un curso de educación financiera cuando le llega el agua al cuello. El dictamen del oficialismo se sigue posicionado en la negación del problema que tienen seis millones de argentinos”, advirtió.

Como anticipó La Voz, el texto de la oposición crea un plan de refinanciamiento durante 180 días para dos grupos de personas: las que tengan deudas contraídas al 31 de agosto de 2026, con mora de 60 días o más; y aquellas que, aún estando al día, estén destinando más del 30% de sus ingresos familiares a pagar esa deuda. En ambos casos, se refinanciará el capital total adeudado de hasta dos Canastas Básicas Totales correspondientes al Hogar 2 ($3,2 millones a valores actuales). Para el tope de los intereses se aplicará la tasa Tamar de bancos privados más un 25%.

Las cuotas no podrán superar el 30% de los ingresos de la persona deudora. Para los que ingresan por mora, los planes de cuotas mensuales tendrán un plazo mínimo de 12 meses. Otro punto clave es que habrá una condonación del 100% de los punitorios. “Este dictamen no tiene costo fiscal.

Hay una responsabilidad compartida: esto va a quedar entre el acreedor y el deudor”, aclaró Juliano. Además destacó que, al poner un tope de dos Canastas Básicas a la deuda que puede ingresar al programa, el programa se acota solo a “los que no pueden llegar a fin de mes y no pueden hacer frente a sus necesidades básicas”. Desde Unión por la Patria, el economista Itai Hagman recordó que fue una mayoría opositora la que forzó la discusión. “Trajeron un dictamen contra su propia voluntad que es una solución gatopardista, de maquillaje, para que todo siga funcionando como hasta ahora”, denunció.

Corresponsalía Buenos Aires El oficialismo ganó este martes la primera pulseada política sobre el fenómeno de la morosidad familiar. Con 32 firmas, La Libertad Avanza, el PRO y la UCR lograron dictamen de mayoría sobre un proyecto que establece medidas preventivas pero no alivia las deudas actuales. La oposición, por su parte, unificó una propuesta para generar un plan de refinanciamiento, que reunió 27 adhesiones.

El llaryorismo pegó el faltazo y abrió dudas.