La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, ha intensificado su protagonismo público en los últimos meses, especialmente en torno a una agenda que hasta ahora no había generado grandes controversias en la Argentina: la migración. Inspirándose en el modelo del ICE (Immigration and Customs Enforcement) estadounidense, conocido por su política estricta y operativos de deportación durante la administración de Donald Trump, Monteoliva busca instalar una narrativa dura sobre la seguridad fronteriza y el control migratorio. "Las normas migratorias en la Argentina se endurecieron, el extranjero que delinque dentro del territorio será identificado, expulsado y no podrá volver a ingresar", afirmó en un video difundido en sus redes sociales, donde incluso replicó la estética de campañas similares en EEUU.

Este giro en la política migratoria se enmarca en un contexto donde, según encuestas recientes, la inseguridad sigue siendo una preocupación para el 60% de la población, aunque la migración no figura entre los principales problemas. Sin embargo, la ministra apuesta a capitalizar un tema que le ha dado réditos políticos a sectores del oficialismo, buscando consolidar una imagen de mano dura. En paralelo, la Agencia Nacional de Migraciones, que pasará a estar bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, espera la publicación de un decreto que oficialice la designación de Diego Valenzuela como su titular. Este organismo tendrá un presupuesto estimado de 181 mil millones de pesos para 2026 y la misión de crear una Policía Migratoria, un cuerpo que podría replicar funciones del ICE, aunque con recursos y condiciones salariales limitadas.

Mientras tanto, Monteoliva también ha aprovechado las recientes protestas contra la reforma laboral para mostrar el despliegue de las fuerzas federales. "Con nuestras Fuerzas garantizamos el orden en las calles para que el Congreso pueda sesionar y votar una modernización laboral que enfrente el 43% de informalidad", declaró en un video con tono de campaña. Esta continuidad con la gestión de Patricia Bullrich ha sido valorada por los uniformados, quienes reconocen sentirse "contenidos" pese a las dificultades salariales, evidenciadas en episodios como el encadenamiento de un agente de la Policía Federal en la Casa Rosada.

En materia de salud, la creación de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) a través del decreto 88/2026 busca superar las deficiencias del IOSFA, pero su implementación efectiva aún está a un año de distancia, sin avances concretos. Este retraso mantiene la preocupación entre los agentes, quienes sufren una atención médica deficiente.

La experiencia previa de Monteoliva en Córdoba, donde fue ministra de Seguridad durante la rebelión policial de 2013 que desató una crisis institucional y social, la posiciona con un conocimiento directo del riesgo que implican los levantamientos uniformados. Por eso, la protesta policial en Santa Fe encendió alarmas en su cartera. Aunque mantuvo contacto con el gobernador Maximiliano Pullaro y garantizó el patrullaje con fuerzas federales, el conflicto salarial en esa provincia, que terminó con un aumento del 50%, y la posterior crisis en Río Negro, donde un reclamo similar derivó en un acampe, evidencian un malestar extendido.

Las fuerzas provinciales, aunque no dependen directamente de la Nación, sufren las consecuencias del ajuste presupuestario y la falta de apoyo federal. En contraste, las fuerzas federales mantienen un nivel salarial que ronda el 50% del que percibe la Policía de la Ciudad, pero enfrentan miles de bajas y problemas estructurales. A esto se suma la incertidumbre por casos como el del gendarme Nahuel Gallo, desaparecido y cuya búsqueda está en manos de la Cancillería, y el reciente incidente en la Escuela Superior de Gendarmería, donde una explosión causó heridos y evacuaciones, generando preocupación sobre la seguridad interna de las fuerzas.

En definitiva, la gestión de Monteoliva transita un terreno complejo: mientras intenta consolidar una política de seguridad basada en el control migratorio y el orden público, debe lidiar con tensiones internas que podrían derivar en un efecto contagio de protestas policiales, un fenómeno que históricamente ha desestabilizado gobiernos y que, en este momento, representa un desafío latente para la estabilidad institucional y social del país.