Tras el aluvión de proyectos libertarios, el Gobierno nacional afina detalles y busca ceder a socios parlamentarios para tender puentes. La propuesta de "propiedad privada" avanza, mientras la reforma electoral y discapacidad siguen frenadas, sin tratamiento en comisiones. El Ejecutivo negocia con el Congreso.

La que corre con ventaja es la propuesta vinculada con el resguardo de la "propiedad privada", mientras que la modificación del régimen electoral —que apunta a hacer estallar las PASO, entre otros ajustes— y la "actualizada" normativa sobre discapacidad —que ignora el reclamo del Parlamento, ya aprobado con dos tercios— siguen frenadas, sin que siquiera se haya iniciado el tratamiento en comisiones. Qué pasaría con el Renabap Sobre el primero de esos textos, un apartado quedaría a un paso de desaparecer: el que alude al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Se trata del esquema de blanqueo de asentamientos que en su momento promovieron la exfuncionaria del macrismo Carolina Stanley junto a dirigentes del movimiento social, entre ellos el actual legislador kirchnerista Juan Grabois.

La iniciativa había recibido un respaldo transversal de las distintas fuerzas de aquel entonces, y operadores de diversos sectores suelen presentarla como un caso testigo de "consenso". En el recinto, se comprometerían —entre risas internas— a estudiar el tema de manera independiente y más adelante. La cruzada de Sturzenegger contra el registro Pese a haber formado parte del gobierno del PRO, el actual titular de la cartera de Desregulación, Federico Sturzenegger, le pegó duro al Renabap el 8 de abril, durante su exposición en el plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado.

Esos cuerpos están encabezados por —el por momentos distraído— Agustín Coto (Tierra del Fuego) y Nadia Márquez (Neuquén), ambos del bloque de La Libertad Avanza (LLA). La estrategia de descentralizar hacia las provincias El Ejecutivo busca delegar la responsabilidad en gobiernos provinciales y administraciones locales —que están "en el territorio" las 24 horas—, aunque sin dar definiciones sobre el destino de las cuantiosas partidas presupuestarias. A diferencia del recorrido que tuvo la normativa de glaciares y la consigna "los recursos pertenecen a las jurisdicciones" —respaldada por la Carta Magna, en el artículo 124—, los sectores dialoguistas hoy proponen que una resolución —que implica trabajo "in situ"— permanezca bajo la órbita nacional.

El reclamo de la Iglesia Otro de los expositores fue el Arzobispo de La Plata y titular de Cáritas Argentina, Gustavo Oscar Carrara, quien planteó que no se introduzcan retoques en el ReNaBaP. Detalló que se trata de 6.467 asentamientos o barriadas populares, donde habitan cinco millones de personas. El religioso también hizo referencia a tributos atados durante años a este mecanismo, como el PAIS y el aplicado a las grandes fortunas —al que el oficialismo mira con recelo—, y trajo a la memoria el respaldo amplio que tuvo entre los bloques.

Tampoco se olvidó de invocar al Papa Francisco y su consigna de "tierra, techo y trabajo". Qué pasa con la venta de tierras a extranjeros En materia de atribuciones de los distritos, llamaría aún más la atención el criterio que se impone en algunos espacios para resolver la disputa sobre la venta de campos a compradores del exterior: ante la falta de entendimiento respecto al porcentaje o cantidad, la decisión recaería en cada mandatario provincial.