Javier Milei evalúa crear un fondo para la compra de armamento con el 10% de lo recaudado por la venta de activos del Estado. La iniciativa apunta a destinar parte de los ingresos por privatizaciones, venta de terrenos y otros bienes públicos al reequipamiento de las Fuerzas Armadas, en un esquema que el oficialismo analiza instrumentar por decreto o con una herramienta de mayor alcance normativo. En el Gobierno sostienen que la idea forma parte de la nueva etapa de la reforma del Estado que apuntan a acelerar durante 2026. El plan es vincular una porción de los recursos extraordinarios que entren por ventas con inversiones de capital para Defensa, en línea con el objetivo de reducir activos públicos y reforzar al mismo tiempo la capacidad material de las Fuerzas Armadas. El plan se apoya en dos carriles que hoy avanzan en paralelo. El Ejecutivo ya habilitó por un lado nuevas herramientas para ejecutar las privatizaciones previstas en la Ley Bases y su reglamentación. La Agencia de Administración de Bienes del Estado tiene por otro lado vía libre para impulsar la venta de inmuebles nacionales que fueron declarados “innecesarios para la gestión estatal”, entre ellos predios -como los de las fuerzas- sobre los que el oficialismo puso la mira en los últimos meses. En la Casa Rosada reconocen que el punto más delicado no pasa por la venta de activos sino por el destino de los fondos. La Ley de Administración Financiera (24.156) establece que los recursos con afectación específica deben surgir por ley, lo que abre una discusión sobre la creación un fondo de estas características solo con un decreto simple. En Balcarce 50 admiten que esa ingeniería jurídica todavía está en estudio. La referencia inmediata para esa discusión es el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), creado en 2020 para financiar el reequipamiento militar. Esa norma fijó una asignación específica para la recuperación, modernización e incorporación de material para las Fuerzas Armadas, pero la Ley de Presupuesto 2026 derogó el inciso central que le daba una fuente automática de financiamiento. En el Gobierno aseguran que el esquema apunta a darle financiamiento a un paquete de reequipamiento que excede a las compras ya cerradas. Nación ya activó la incorporación de los vehículos blindados Stryker para el Ejército, sostiene el programa de los F-16 con entrenamiento de pilotos y oficializó además el financiamiento para helicópteros navales livianos para la Armada. Se suman los proyectos abiertos por submarinos y buques, entre otros. En la Casa Rosada calculan que pueden reunir entre US$1500 millones y US$3000 millones para nutrir ese fondo en distintas etapas si logran acelerar privatizaciones, venta de terrenos y enajenación de otros bienes públicos. La apuesta oficial es que esa caja permita sostener compras de alta magnitud sin cargar todo el peso sobre ingresos corrientes del Tesoro. En Balcarce 50 buscan en paralelo acelerar el mapa de privatizaciones previsto para 2026, que es una de las bases sobre las que se apoya la proyección de ingresos del eventual fondo. En el oficialismo ubican entre los procesos más avanzados a Intercargo, Belgrano Cargas y AYSA, mientras que Correo Argentino avanza bajo un esquema de concesión y otros expedientes, como Nucleoeléctrica, siguen más demorados. Los equipos técnicos trabajan además en los planes sobre SOFSE, YCRT y nuevos tramos de Corredores Viales.