Javier Milei enviará la semana que viene al Congreso un proyecto para habilitar el pago de una sentencia definitiva e inapelable vinculada al default de 2001. La información fue difundida por el analista Sebastián Maril, que sigue los litigios internacionales contra la Argentina, y apunta a los casos impulsados por los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund, dos acreedores que mantenían fallos firmes contra el país en tribunales de Nueva York. Se trata del primer paso legislativo que prepara la gestión libertaria para resolver uno de los litigios remanentes por la cesación de pagos declarada hace más de dos décadas. El movimiento llega después de que los abogados de la Argentina y los representantes de los acreedores informaran ante la jueza Loretta Preska que habían alcanzado un entendimiento preliminar y pidieran suspender el expediente mientras terminan de formalizar la conciliación. El entendimiento involucra a Attestor Master Value y Bainbridge Fund, que tenían sentencias firmes a su favor por unos 500 millones de dólares. En el caso de Bainbridge, el reclamo reconocido por la Justicia rondaba los 95 millones de dólares más intereses. Attestor, en tanto, contaba con una sentencia por 460 millones y ya había avanzado sobre parte del colateral de los bonos Brady que la Argentina mantenía depositado en Nueva York. Ese punto fue uno de los ejes centrales de la disputa. Attestor había logrado embargar 209 millones de dólares del colateral de los bonos Brady, mientras que Preska había congelado otros 100 millones hasta que ambos acreedores se pusieran de acuerdo sobre el orden de prioridad y la forma de reparto. Según explicó Maril, ese entendimiento entre los fondos destrabó una parte central del expediente y abrió la puerta a una salida definitiva del caso. La presentación conjunta también dejó en pausa una ofensiva de Bainbridge para intentar cobrar mediante la entrega de acciones del Estado en el Banco Nación y en Aerolíneas Argentinas. Ese pedido quedó momentáneamente sin efecto mientras avanza la formalización del acuerdo. El escrito, sin embargo, no precisó el esquema final de pago ni detalló el alcance total de la solución que negocian las partes. En la Casa Rosada confirmaron por el momento el envío del proyecto no dieron detalles sobre su contenido. El hermetismo oficial convive con la versión difundida por Maril sobre la intención del Ejecutivo de avanzar por la vía parlamentaria para cerrar un litigio que el Gobierno considera encaminado, pero todavía no formalizado en todos sus términos. La decisión de impulsar una ley muestra que la discusión ya no pasa solo por la existencia del acuerdo, sino por la forma de darle sustento institucional. El oficialismo busca blindar la salida de un litigio que durante años derivó en embargos y pedidos de ejecución sobre activos estratégicos del Estado. En ese marco, la vía legislativa aparece como la herramienta elegida para respaldar una solución definitiva y reducir el margen de nuevas controversias.