Javier Milei firmará en las próximas horas el envío al Congreso del proyecto para habilitar el pago del acuerdo con los fondos que seguían litigando contra la Argentina por la deuda en default de 2001. En el Gobierno aseguran que el texto ya está en la Secretaría de Legal y Técnica para que sea elevado a la firma del presidente. “Estaba en proceso de revisión. Se manda entre hoy y mañana al Congreso”, expresan en Nación.

En el Ejecutivo sostienen que los equipos técnicos ya revisaron los detalles finales de la iniciativa y que decidieron avanzar por la vía legislativa para darle sustento institucional al entendimiento. En el oficialismo evitan precisar el monto y la modalidad de pago y alegan confidencialidad sobre los términos pactados. La base formal del movimiento ya quedó asentada en los tribunales de Nueva York.

En una presentación del 10 de abril ante la jueza Loretta Preska, los abogados de la Argentina informaron que el 1 de abril las partes firmaron un acuerdo definitivo y que ese entendimiento quedó sujeto a la aprobación del Congreso argentino. En el mismo escrito señalaron además que el convenio estaba previsto para ser enviado al Congreso la semana siguiente. El caso involucra a Bainbridge Fund y al grupo de acreedores encabezado por Attestor, dos de los fondos que mantenían fallos firmes contra el país por la cesación de pagos declarada hace más de dos décadas.

La disputa arrastraba reclamos por cerca de US$600 millones entre ambos expedientes, aunque distintas fuentes ligadas al caso remarcan que el monto final del acuerdo sería inferior, ya que parte del colateral de los bonos Brady ya había sido ejecutado por los acreedores. La negociación también permitió congelar, al menos por ahora, otras medidas de ejecución que seguían abiertas en Estados Unidos. Entre ellas estaba el intento de Bainbridge de avanzar sobre activos estatales como las acciones del Banco Nación y Aerolíneas Argentinas, un frente que quedó en pausa mientras se termina de formalizar la salida legislativa del conflicto.

La decisión de enviar un proyecto al Congreso muestra que el oficialismo busca cerrar uno de los litigios remanentes del default de 2001 con aval parlamentario y no solo con una firma administrativa. En el Gobierno entienden que esa vía reduce el margen de futuras impugnaciones y le da mayor solidez política a un acuerdo que, por ahora, se mantiene bajo reserva. El movimiento se da, además, en paralelo a la reciente victoria de la Argentina en la apelación por YPF, un expediente que quedó favorable al país pero que todavía espera la eventual resolución de nuevos recursos en la Justicia de Estados Unidos.

La estrategia la coordinan el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal. La Casa Rosada buscan mostrar que la estrategia internacional combina dos planos: defender los expedientes que considera abiertos y, al mismo tiempo, desactivar por la vía política y legislativa aquellos litigios que considera encaminados a una salida negociada. El proyecto que Milei enviará al Congreso se inscribe en esa lógica y apunta a cerrar uno de los capítulos que seguían pendientes desde el colapso de la deuda de 2001.