Este 20 de octubre de 2026, tras la intervención del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Juan Pablo Albán Alencastro, el representante del Gobierno de México, Arturo Medina Padilla, externó su rechazo a la interpretación externada en la Asamblea General. A través de redes sociales, el representante del Comité denunció que familiares de personas desaparecidas fueron expulsadas de la sala, con la justificación de mostrar fotografías de sus seres queridos: PUBLICIDAD “Su presencia merecía respeto y disposición para escuchar, y debería recordarnos a quién está destinado a servir nuestro trabajo”. ¿Qué dijo México ante la Asamblea General?

En voz del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), México rechazó la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención, el cual precisa que tras la recepción de indicios fundamentados se puede solicitar información al Estado y llevar el caso ante la Asamblea General. Respecto a la colaboración con organizaciones y aliados internacionales, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum conformó un grupo de expertos para llevar a cabo una revisión científica del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, una acción que tuvo la asistencia de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. PUBLICIDAD Entre los países que mantienen cooperación con el país mexicano para el fortalecimiento de la identificación humana, se encuentran: Alemania, España, Noruega, Canadá y Guatemala.

En relación a las capacidades de búsqueda, identificación humana e investigación, Arturo Medina reiteró la colaboración con el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pese a las críticas y señalamientos que han generado las acciones de Gobernación en materia de personas desaparecidas, ante la Organización de las Naciones Unidas se destacó la localización de 16 mil personas durante este año, como una de los resultados de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. PUBLICIDAD “Nuestro compromiso es claro: encontrar a las personas desaparecidas, combatir la impunidad y garantizar los derechos de las familias”, insistió el subsecretario ante la Asamblea.

Esto dijo el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada Durante su intervención, Juan Pablo Albán detalló que tras la examinación de información proporcionada por el Estado mexicano, así como el testimonio de víctimas y organizaciones en el país, el Comité concluyó la existencia de “indicios fundados de la comisión de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad y de la persistencia de esta práctica hasta la actualidad”. Enfatizó la falta de una política enfocada a la comisión de desapariciones forzadas a nivel federal, aunque, reconoció “los esfuerzos emprendidos por las autoridades mexicanas”, sin dejar de lado los problemas estructurales que han llevado a que el registro nacional supere los 135 mil personas desaparecidas y no localizadas. PUBLICIDAD “Ahora corresponde a esta Asamblea considerar las oportunidades de cooperación, movilización y apoyo internacional que este procedimiento puede ofrecer para asistir a México, si México considera benéfico ese apoyo, en las áreas de búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad, investigación forense y protección de las víctimas y sus familias”, comentó el presidente.

Una comparecencia sin familiares de víctimas de desaparición A través de su cuenta de X, Juan Pablo Albán exhibió las acciones tomadas durante los discursos emitidos en la Asamblea General, las cuales llevaron a la expulsión de un grupo de víctimas que mostraban fotografías de sus familiares. Puntualizó que el asunto remitido en “virtud del artículo 34 de la Convención” no debe perderse “en medio de cálculos políticos y consideraciones diplomáticas”. Apuntó a una discusión “seria y de buena fe” enfocada a resultados concretos, tomando en cuenta “su sufrimiento y sus legítimas demandas de verdad, justicia y reparación”.

PUBLICIDAD Refirió que los propios Estados decidieron incluirse en el mecanismo excepcional en la Convención, “confío en que ahora tomarán con igual seriedad su responsabilidad de darle efecto práctico y significado”. PUBLICIDAD PUBLICIDAD