En esta noticia El Senado vuelve a tener en agenda la discusión sobre el mercado de carbono, un proyecto que busca establecer reglas para la generación y comercialización de créditos ambientales en la Argentina y que tiene como uno de sus principales puntos de negociación la relación entre la regulación nacional y los esquemas que ya desarrollaron algunas provincias. La iniciativa cuenta con dictamen de las comisiones de Legislación General, Ambiente y Desarrollo Sustentable y Presupuesto y Hacienda, después de que el Senado analizara tres proyectos sobre la materia. Existe un proyecto de la senadora Flavia Royón de Salta, otro de Sonia Rojas Decut y Carlos Arce de Misiones, y una tercera iniciativa del exgobernador chaqueño Jorge Capitanich del peronismo.

Sin embargo, el proyecto no fue incorporado al temario de la sesión la semana pasada. Según explicaron fuentes del oficialismo a El Cronista, la decisión estuvo vinculada a la falta de acuerdo con los legisladores de Misiones, que mantienen diferencias con el texto. Desde el oficialismo señalaron que la intención es continuar la negociación y llevar el proyecto a una próxima sesión.

De hecho, el proyecto había formado parte de las iniciativas que los bloques provinciales buscan incluir dentro de los acuerdos parlamentarios que podrían darle la reforma política al gobierno nacional. Qué busca regular la ley El objetivo central del proyecto es crear un marco regulatorio para los mercados voluntarios de carbono y establecer reglas comunes para los proyectos que generan créditos a partir de la reducción, captura o remoción de gases de efecto invernadero. En este sentido, un crédito de carbono representa una determinada cantidad de emisiones reducidas o capturadas por un proyecto.

Esos créditos podrían luego ser comercializados en mercados voluntarios y adquiridos por empresas u organizaciones que buscan compensar parte de su huella de carbono. La discusión legislativa apunta a darle trazabilidad y seguridad jurídica a ese mercado y establecer cómo se registran, verifican y comercializan esos activos. Uno de los puntos centrales del dictamen es la creación del Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe).

Allí deberán inscribirse los proyectos que pretendan emitir, comercializar o retirar créditos de carbono en la Argentina. El texto también establece un sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV). La idea es que las reducciones de emisiones declaradas por los proyectos puedan ser comprobadas mediante procedimientos técnicos y auditables.

Para eso, los créditos deberán contar con procesos de validación y verificación realizados por entidades habilitadas. El proyecto contempla además el uso de tecnologías como sensores remotos, satélites, drones, sistemas LiDAR y dispositivos IoT para medir y monitorear los proyectos. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que tendrá a su cargo la supervisión del cumplimiento de la norma y la coordinación con las provincias.

El punto que genera diferencias con Misiones El principal reclamo de los legisladores misioneros estaría relacionado con el reconocimiento de los programas jurisdiccionales que ya funcionan en las provincias. La senadora Sonia Rojas Decut, junto con Carlos Arce, presentó un proyecto propio para establecer presupuestos mínimos de protección ambiental aplicables al desarrollo de los mercados de carbono y su integración al mercado de capitales nacional. Esa iniciativa fue incorporada al dictamen unificado, aunque Rojas Decut lo firmó en disidencia parcial.

El planteo de Misiones es que la futura legislación nacional no termine dejando afuera los mecanismos que la provincia ya desarrolló para generar y certificar créditos de carbono. La provincia cuenta con un programa jurisdiccional REDD+, vinculado con la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques. La discusión, entonces, no pasa solamente por establecer si habrá o no una regulación nacional.

El punto de negociación es cómo se articula esa regulación con las competencias provinciales y con los mercados de carbono que algunas jurisdicciones ya desarrollaron. Un mercado que busca generar dólares Detrás del debate ambiental hay también una discusión económica. Los impulsores de la iniciativa sostienen que la creación de reglas nacionales puede facilitar la llegada de inversiones y permitir que la Argentina aproveche el potencial económico de sus proyectos forestales, agropecuarios, energéticos y de conservación.

El Consejo Agroindustrial Argentino estimó que un marco regulatorio podría permitirle al país captar entre US$ 1.400 millones y US$ 3.900 millones por año, además de atraer inversiones por más de US$ 2.000 millones en el mediano plazo. Son estimaciones del sector y no una proyección oficial del Gobierno. Desde la Sociedad Rural Argentina, en tanto, señalaron que el mercado podría representar una oportunidad económica de aproximadamente US$ 4.800 millones anuales.

La entidad también reclamó que el esquema garantice los derechos de los propietarios y productores sobre las tierras donde se desarrollen los proyectos. Los beneficios que contempla el proyecto El dictamen también incorpora incentivos para promover el desarrollo inicial del mercado. Entre ellos, establece una exención del Impuesto a las Ganancias durante cinco años para los ingresos derivados de la primera venta de créditos de carbono, con excepción de los proyectos alcanzados por el RIGI.

Además, contempla un esquema de amortización acelerada para inversiones destinadas a tecnologías de monitoreo y a la infraestructura necesaria para poner en marcha los proyectos. Los proyectos registrados en el ReNaRe también tendrían estabilidad fiscal durante 15 años desde su aprobación. La apuesta del proyecto es, de esta manera, crear un mercado con reglas nacionales que permita que los créditos generados en la Argentina puedan ser certificados, registrados y comercializados bajo parámetros verificables.