Garantizar una menstruación digna en las cárceles es el objetivo de la diputada Marisela Zúñiga Cerón de Morena, quien impulsa una iniciativa para que las autoridades penitenciarias proporcionen de forma gratuita y permanente toallas sanitarias en todos los centros de reclusión, y para que la infraestructura asegure el acceso al agua potable, regaderas y condiciones adecuadas de saneamiento. Con este proyecto, se busca dejar atrás prácticas de discriminación y violencia institucional, en línea con los compromisos adquiridos por México en tratados internacionales de derechos humanos. La iniciativa propuesta por Zúñiga Cerón busca reformar los artículos 10, 34, 43 y 177 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para establecer que el suministro de productos de gestión menstrual debe estar garantizado por ley, y no depender de la voluntad de cada administración o de donaciones.

La diputada advirtió que incluso en situaciones disciplinarias o de aislamiento, el acceso a estos insumos no puede ser restringido. El acceso a la salud menstrual está condicionado En México, el precio de una toalla sanitaria dentro del sistema penitenciario alcanza los 10 pesos, según datos presentados en la rueda de prensa por Beatriz Maldonado Cruz, directora general de Mujeres Unidas por la Libertad A.C. Maldonado detalló que, ante la imposibilidad de pagar ese costo, muchas mujeres privadas de la libertad recurren a materiales como papel de baño, calcetines, trapos y cubrebocas, lo que incrementa los riesgos para su salud sexual y reproductiva.

La experiencia de Dulce María Obregón Cervantes, quien permaneció 20 años privada de la libertad, confirma esta problemática. Obregón relató que la compra de toallas sanitarias podía costar hasta 15 pesos y que, en varias ocasiones, tuvo que hacer favores a otras reclusas para obtener este insumo. Señaló que la iniciativa representa un avance hacia la protección de los derechos de las internas.

Buscarán garantías legales y capacitación de personal Durante el evento, Zúñiga enfatizó que el acceso a una gestión menstrual adecuada es un derecho, no un privilegio ni una concesión, y que cumplir con este estándar es una obligación del Estado para honrar tanto la dignidad humana como los tratados internacionales de derechos humanos. “No dejaremos de levantar la voz hasta que la menstruación digna para mujeres privadas de su libertad sea realmente un derecho garantizado”, enunció la diputada durante el evento. María Lizbeth Álvarez Sánchez, coordinadora académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), explicó que la gestión menstrual suele ser una de las áreas más relegadas en los sistemas penitenciarios. Asimismo, estas son las necesidades a las que se enfrenta la iniciativa: - Provisión suficiente de productos - Infraestructura de saneamiento - Atención médica con ética - Manejo del dolor - Erradicación de la violencia y el estigma - Capacitación del personal - Educación, información y difusión sobre la problemática de personas privadas de la libertad y reinserción social Es importante recalcar que para que esta reforma se lleve a cabo, se debe asignar un presupuesto fijo al sistema penitenciario para cubrir estos requerimientos y de capacitar al personal en perspectiva de género y salud menstrual, como un derecho humano esencial. “La falta de acceso a una menstruación digna en reclusión es una forma de violencia institucional y de género”, expresó Álvarez Sánchez.