El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 se inscribe dentro del Plan Cóndor pergeñado por Estados Unidos para instalar dictaduras cómplices en Latinoamérica y con un Plan Sistemático de Exterminio de Opositores tal como quedó claro en el Juicio a las Juntas en 1985 y en los muchos que se pudieron hacer tras la derogación de las infames leyes de Punto Final, Obediencia Debida y del Indulto del ex presidente Menem. El principal objetivo era implementar en el país un programa social y económico de fuerte endeudamiento, desindustrialización y sometimiento al gobierno norteamericano, que tenía en su secretario de estado Henry Kissinger, al principal ariete y supervisor de la marcha del plan. En lo que respecta al Terrorismo de Estado propiamente dicho, conceptualmente se trató de la siniestra violación de todas las leyes imperantes.

En tal sentido vale consignar, que incluso los representantes de facto del Estado Nacional deben cumplirlas y detener a eventuales delincuentes para que los jueces los juzguen. En cambio hicieron todo lo contrario: secuestraron, violaron, vejaron, torturaron, mataron y desaparecieron. Estas aberraciones no están permitidas por ninguna legislación como tampoco la existencia de grupos de tareas parapoliciales y paramilitares, que con armas del Estado impusieron el terror a una sociedad shockeada por el miedo y por una profusa propaganda direccionada a justificar las atrocidades más ominosas que se recuerden en nuestra historia.

Por eso, estos delitos nunca prescribieron y fueron considerados de lesa humanidad. El funcionamiento de alrededor de 800 centros clandestinos de secuestro y detención -con la absoluta impunidad asegurada por el apoyo de empresarios, obispos, jueces y periodistas- pinta a las claras lo que fue aquella sangrienta dictadura, cuyas secuelas aún estamos pagando como pueblo. Como si fuera poco, montaron una red de espionaje jamás conocida para “chupar al enemigo interior” y que podía ser desde un universitario a una maestra o un albañil.

De hecho, más del 80% de las víctimas entre desaparecidos, sobrevivientes y exiliados, fueron trabajadores y estudiantes. Basta recordar que ya en plena Democracia, en nuestra ciudad se descubrieron algunos espías como el periodista Carlos Revello (S-17) o el asesor letrado judicial José Luis Santi. En lo que respecta a Córdoba, podemos afirmar que el Terrorismo de Estado empezó con el Navarrazo, el 27 de febrero de 1974, y cuando el jefe de policía Antonio Navarro, con el apoyo político del gobierno del entonces presidente Perón (falleció el 1 de julio de ese mismo año), derrocó al gobernador Ricardo Obregón Cano y a su vice Atilio López, elegidos en 1973.

Mientras en el país la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) comenzaba con los secuestros y crímenes, en nuestra provincia algo similar sucedía con el “Comando Libertadores” dirigido por el perverso asesino y ladrón Héctor Pedro Vergez (alias Gastón o Vargas). En ese tiempo, la Jefatura de Policía funcionaba en el actual Cabildo histórico, y el D2 (Departamento de Informaciones), sobre el Pasaje Santa Catalina, y a escasos metros de la Catedral y de la Plaza San Martín. En esa dependencia, donde hoy está el Archivo Provincial de la Memoria, torturaban, abusaban y mataban.

Se estima que por allí pasaron no menos de 10.000 víctimas. El jefe responsable era el comisario inspector Pedro Telleldín e increíblemente -y ya en Democracia- varios de esos represores continuaron en actividad hasta finales de los años 90 cuando fueron echados de la fuerza. Por supuesto, mientras las Fuerzas Armadas planificaban y preparaban el golpe tras el “operativo Independencia” en Tucumán usado como principal laboratorio, en agosto de 1975 y al frente del Tercer Cuerpo de Ejército asumía Luciano Benjamín Menéndez como máximo responsable.

Se iniciaba entonces la página más espantosa con la conversión de la cárcel militar de Campo de la Ribera en campo de concentración, al que luego sumaron las cárceles UP1, Encausados, La Perla grande y chica, la Casa de Hidráulica cerca del Dique San Roque, la casa quinta de Guiñazú y un montón de postas policiales y dependencias del Ejército del interior provincial. En Córdoba, el primer juicio a la “patota de La Perla” se pudo hacer en el año 2008. Los 8 acusados fueron condenados, y así Menéndez (apodado “Cachorro o Chacal”) recibió su primera condena a prisión perpetua.

Recordemos que hasta el presente se pudieron completar 19 juicios, incluyendo los dos de la Causa de los Magistrados. Menéndez murió a los 90 años en febrero del 2018 y hasta ese momento ya sumaba 15 condenas -13 de ellas a perpetua- y con un montón de causas pendientes que sin dudas iban a seguir engrosando el legajo de uno de los genocidas más crueles de aquel proceso que llamaron de “reorganización nacional”. Entre los juicios más significativos que se hicieron aquí, recordamos el de los 30 fusilados de la cárcel UP1, porque entre los acusados estaba, además de Menéndez, el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, condenado también en el Juicio a las Juntas y por el Robo de Bebés.

La foto de ambos -sentados juntos- marcó sin dudas una imagen imborrable para la justicia argentina, única en el mundo en juzgar semejantes atrocidades con magistrados naturales propios. La causa Brandalisis (apellido de uno de los cuatro fusilados en Colón y Sagrada Familia en un tiroteo fraguado llamado “ventilador”), permitió en el 2008 que pudieran declarar algunos de los muy pocos sobrevivientes de La Perla. Se estima que por allí pasaron alrededor de 2.500 víctimas y casi todos fueron asesinados y desaparecidos.

En sus declaraciones, pudieron describir la secuencia total de la “cacería”, desde la confección de listas, hasta los secuestros y el repertorio de torturas con golpes, picanas, submarino, el “teléfono”, entre tantas. Pero además se escucharon testimonios como el del morguero José Caro, quien contó sobre la impresionante cantidad de cuerpos de jóvenes con hasta 70 perforaciones de balas que eran llevados a una morgue desbordada y los posteriores enterramientos en fosas comunes en el cementerio San Vicente. También la declaración del gendarme Carlos Beltrán, quien se negó a matar a una chica embarazada de 8 meses y a su joven compañero, algo que finalmente hicieron los represores, con lo que confirmó que la orden de Menéndez era que “todos mataran para que nadie hablara” y asegurar de este modo “un pacto de silencio” irrompible.

Otro juicio recordado fue el realizado al Comando Radioeléctrico por los crímenes de Ana Villanueva, Jorge Diez Díaz y Carlos Oliva en la zona del Chateau Carreras, donde también mataron al abogado Miguel Hugo Vaca Narvaja (al padre lo habían decapitado en la Ribera meses antes, también en 1976). Claro que el juicio más grande de todos fue el de las causas La Perla y La Ribera, con la declaración de 581 testigos, incluso uno que permitió encontrar los restos de cuatro estudiantes sepultados en los hornos de La Ochoa, cerca de la casa de descanso de Menéndez. Y por supuesto, el testimonio fundamental de José Julián Solanille, un arriero que trabajaba en los campos de La Perla hasta que fue sorprendido por los gritos de los secuestrados y las balas de los fusilamientos.

Fue él quien vio a Menéndez allí y jugándose su propia vida, marcó los lugares donde había fosas comunes, como en la Loma del Torito, donde el Equipo Argentino de Antropología Forense encontró restos óseos el año pasado. Con 12 víctimas ya identificadas, las excavaciones continuarán y es muy probable que muchos otros perfiles genéticos sean confirmados. Es increíble como 50 años pueden ser mucho y poco… al mismo tiempo.