El trámite de la megacausa Bomberos generó ruido en el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba. En las últimas horas, se planteó la controversia sobre la promoción de acuerdos con los acusados y sus defensores. Las diferencias saltaron especialmente en relación a los empresarios acusados de pagar coimas y usar certificados apócrifos de Bomberos para obtener las habilitaciones municipales para sus comercios.

La pregunta que subyace es si deben continuar habilitados para sus actividades comerciales, cuando cometieron precisamente allí los delitos que se les endilgan. El expediente está desglosado: una parte se encuentra radicado en la Cámara 3a. del Crimen para la realización del juicio oral y otras líneas que se desprendieron de la causa madre, continúan en la fiscalía de Instrucción a cargo de Guillermo González, con elevación a juicio. La presunta asociación ilícita La semana pasada, el fiscal de Cámara Marcelo Hidalgo, planteó una serie de propuestas a más de una decena de imputados, varios de los cuales están imputados por asociación ilícita, como el exjefe de Bomberos, subjefe de la Policía de Córdoba y exfuncionario municipal, Gustavo Folli.

En la lista figura Marcos Gennaro, dueño del 80% de los locales nocturnos de barrio Güemes. Está acusado de los delitos de encubrimiento agravado por ánimo de lucro y uso de documento público falso, en concurso real. Según la investigación, Gennaro obtuvo certificados truchos para su local Vlack.

En la propuesta de juicio abreviado, Hidalgo ofreció, a cambio de la confesión del empresario, una pena de tres años de prisión condicional y siete años de inhabilitación para explotar negocios de la noche de Córdoba. El abogado de Gennaro rechazó esa posibilidad ante la Cámara 3a. del Crimen y solicitó una probation que consiste en la extinción de la acción penal a partir de una reparación económica. Ofreció donar $3 millones a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Malagueño, además de tareas comunitarias.

Por el tipo de delito del que está acusado, la prisión efectiva no es una posibilidad; pero que la justicia le impida ejercer su actividad comercial es una afectación a sus recursos. La Cámara 3a. del Crimen, presidida por Leandro Quijada, debe resolver la situación de Gennaro. Si no hay acuerdo ni probation, habrá un juicio abierto.

Los dueños de Cordiez sin inhabilitación En una posición diferente a Gennaro aparecen hasta hoy los empresarios Natalia y Darío Brasca (socios de Cyre SA), dueños -entre otros- de los supermercados Cordiez. Están acusados por cohecho activo, es decir pago de coimas para contar con los certificados apócrifos de Bomberos. El tramo de la causa referida a ellos se encuentra en primera instancia.

Acordaron con el fiscal de Instrucción, Guillermo González, penas en suspenso -tres años de ejecución condicional para Darío Brasca y un año y medio para Natalia Brasca- y la realización de capacitaciones gratuitas sobre “seguridad e higiene en el trabajo”. No incluye ningún tipo de inhabilitación, lo que generó reacciones en tribunales y abogados de la causa sobre la diferente vara que se aplica a los empresarios. En este caso quien debe resolver es el juez de Control Carlos Romero.

Un gestor sin probation En paralelo, el mismo juez Romero rechazó la probation solicitada por Carlos Ariel Goldaracena Altamirano, gestor de certificados y habilitaciones. Está acusado como presunto autor de encubrimiento agravado con ánimo de lucro y uso de documento público falso en concurso real por conseguir un certificado de inspección apócrifo para el centro médico Marghiani Centro de Diagnóstico por Imágenes (CIDI S.A.). Su abogado defensor, Rodny Álvarez Anderson, pidió la suspensión del juicio a prueba y como propuesta reparatoria y de conducta, ofreció el pago de $1.000.000 a favor del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Córdoba, y la realización de tareas comunitarias de mantenimiento y desinfección en el CPC de Barrio Empalme durante un año (dos horas semanales).

El fiscal de Instrucción rechazó la solicitud por considerarla extemporánea e improcedente porque la presentó después de que el requerimiento de citación a juicio había quedado firme el 1 de septiembre de 2026. Sostuvo que al tratarse de un hecho enmarcado en la "causa Bomberos" —de gran repercusión e interés público—, existen razones evidentes de política criminal para dirimir la responsabilidad en un juicio oral. El juez Carlos María Romero compartió los criterios vertidos por la Fiscalía y declaró el pedido improcedente por extemporáneo.

Las definiciones tienen impacto por la envergadura de la causa Bomberos. Una matriz de presunta corrupción que rigió por más de una década colocando a la población en el riesgo potencial de padecer siniestros por habilitaciones basadas en inspecciones inexistentes.