En esta noticia Las autoridades federales de los Estados Unidos avanzan con la restricción de licencias de conducir comerciales para quienes no puedan acreditar estatus migratorio legal. La nueva normativa de la Administración Trump busca obligar a todos los estados a verificar el estatus migratorio antes de emitir o renovar estos permisos. La regulación apunta a las licencias comerciales para no domiciliados (non-domiciled CDL), otorgadas a residentes temporales no ciudadanos. Estos permisos estaban diseñados para expirar junto con el estatus migratorio de cada conductor. Adiós a estas licencias de conducir comerciales: qué establece la nueva ley federal En febrero del 2026, la FMCSA y el Departamento de Transporte (TSA) emitieron una directiva que obliga a los estados a otorgar licencias comerciales solo a quienes tengan “un estatus migratorio verificable basado en empleo”. El plazo para cumplir venció el 16 de marzo. La medida forma parte de una política migratoria más amplia de Trump quien pidió aprobar la “Ley Dalilah” y busca deportar la mayor cantidad de indocumentados posible. Esa legislación busca prohibir a cualquier estado emitir licencias comerciales a personas en situación irregular. ¿Qué decidieron los estados ante la suspensión de licencias? - Las autoridades estatales de Oregon ya suspendieron la emisión y renovación de CDL para cualquier residente temporal no ciudadano. - Indiana canceló directamente las 1.800 licencias ya emitidas a no ciudadanos. - California, en cambio, enfrenta una acción legal que impide por ahora revocar los permisos existentes, que suman cerca de 20.000. Personas alcanzadas por la restricción - Solicitantes de asilo con permiso de trabajo vigente. - Beneficiarios del programa DACA. - Titulares de visas de trabajo temporales. - Residentes temporales no ciudadanos en estados con aplicación amplia, como Oregon. Qué ocurrirá ahora con las licencias de conducir comerciales ya emitidas La situación varía según el estado. A nivel federal, la norma no exige cancelar permisos existentes, solo impedir nuevas emisiones. Pero cada estado puede aplicar criterios más estrictos, como ocurrió en Oregon e Indiana. El debate sobre la constitucionalidad de la medida continuará en los tribunales en las próximas semanas. El caso de California podría sentar precedente para otros estados con grandes poblaciones de conductores con estatus migratorio temporal.