Tras la aprobación en el Senado de la reforma laboral, José Mayans reiteró sus cuestionamientos al proyecto y alertó sobre las posibles consecuencias sociales y jurídicas que, según su análisis, podría generar la norma. En una declaración que causó revuelo, comparó al diputado Javier Milei con el exdictador Jorge Rafael Videla, señalando que "tiene comportamientos parecidos". Esta comparación se basa en lo que Mayans definió como "actitudes autoritarias" del líder de La Libertad Avanza, que, según el senador, amenazan la democracia y los derechos laborales.

Mayans recordó que durante la dictadura de Videla no existía un Parlamento que limitara el poder, y que se aplicaron programas económicos y sociales que afectaron gravemente a la población. Extendió esta crítica a gobiernos democráticos recientes como el de Mauricio Macri y a la actual administración, advirtiendo que la reforma laboral podría profundizar un modelo regresivo. "Videla no tenía el Parlamento, hacían lo que querían con la ley... y la dictadura del 55 lo mismo y Macri lo mismo", afirmó.

En diálogo con radio Splendid, el senador formoseño calificó la reforma como "regresiva e inconstitucional", y anticipó que la norma vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que protege los derechos laborales, así como varios tratados internacionales suscriptos por Argentina. "Van a ir después en forma masiva a la Justicia a reclamar", pronosticó, y advirtió que el Gobierno podría criminalizar la protesta social, acusando a los manifestantes de terrorismo.

Respecto a la posibilidad de que Milei lo denuncie por sus declaraciones, Mayans se mostró desafiante: "Que denuncie todo lo que quieran. Yo soy legislador, tengo fuero parlamentario y estoy para decir lo que pienso. No tengo miedo". Esta firmeza refleja la tensión creciente entre sectores del oficialismo y la oposición, en un contexto político polarizado.

El senador también criticó duramente a varios gobernadores y senadores peronistas que apoyaron la reforma, acusándolos de "traicionar los principios del justicialismo" por negociar "temas particulares" a cambio de beneficios para sus provincias. Mencionó a Osvaldo Jaldo (Tucumán), cuya provincia recibió 240 mil millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional, y a Alejandra Vigo (Córdoba), quien votó a favor de la ley, calificándola de "anti obrero". También cuestionó a Gustavo Sáenz (Salta) y a sectores vinculados a Carlos Rovira (Misiones), señalando que estas decisiones podrían perjudicar a largo plazo a las provincias.

Finalmente, denunció que el tratamiento legislativo de la reforma fue "desastroso", con modificaciones de último momento para asegurar quórum y con un uso de "promesas y amenazas" para conseguir votos. "El ministro del Interior hizo un trabajo de cajita de promesas: a unos los ayudan, a otros los castigan, a algunos los persiguen y a otros no", describió Mayans, evidenciando la complejidad y las tensiones internas dentro del oficialismo.

Este episodio se enmarca en un escenario político convulsionado, donde la reforma laboral se convirtió en un punto de conflicto entre distintos sectores políticos y sociales. La comparación de Milei con Videla, aunque polémica, refleja la preocupación de algunos legisladores sobre la deriva autoritaria que perciben en ciertos discursos y acciones políticas actuales. Como señaló el analista político Martín Rodríguez: "Estas declaraciones no sólo buscan marcar una línea roja, sino también alertar sobre riesgos institucionales que algunos actores creen que se están gestando".