Miles de personas marcharon por las calles de Madrid ayer para pedir la renuncia del presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, por las acusaciones de corrupción en su entorno. Los manifestantes, muchos de ellos ondeando banderas españolas y portando pancartas con el lema “¡Basta!”, recorrieron las calles de Madrid detrás de una gran pancarta en la que se leía: “La corrupción tiene un precio. No más impunidad. Dimisión y elecciones ya”. La protesta fue convocada por un grupo de más de 150 asociaciones cívicas llamado Sociedad Civil Española y respaldada por el conservador Partido Popular (PP) y el partido de extrema derecha Vox. Los organizadores estimaron la asistencia de unas 120.000 personas a la protesta. La delegación del gobierno central en la región estimó en casi la mitad el número de participantes a la marcha que concluyó en la Plaza de Moncloa, cerca de la residencia oficial de Sánchez. Al final de la protesta, un pequeño grupo de manifestantes intentó dirigirse hacia la residencia oficial, pero fue rechazado por la policía antidisturbios, según mostraron imágenes en la televisión española. Tres personas fueron detenidas y siete agentes de policía sufrieron heridas leves, según el delegado del gobierno central. “Ya no queda nadie en el entorno de Pedro Sánchez que no esté acusado de gravísimos delitos. España está secuestrada por una mafia corrupta”, dijo a la prensa el líder de Vox, Santiago Abascal, antes del inicio de la marcha. Sánchez, que llegó al poder en 2018 tras utilizar una moción de censura para derribar al gobierno conservador del PP, salpicado por la corrupción, remarcó que seguirá adelante pese a la crisis. Su hermano, David, tiene previsto ser juzgado por tráfico de influencias. Su esposa, Begoña Gómez, está siendo investigada en otro caso de corrupción. Sánchez niega estas acusaciones contra su familia y sostiene que tienen motivaciones políticas. Su antiguo hombre de confianza, el exministro de Transportes José Luis Ábalos, está a la espera de la sentencia en otro juicio por corrupción, que concluyó a principios de este mes. El golpe más grande de los últimos meses ocurrió el martes pasado cuando un tribunal puso formalmente bajo investigación al expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero, aliado de Sánchez, por tráfico de influencias y otros delitos, lo que aumenta la presión sobre el ejecutivo. “Toda la colaboración con la justicia, toda; todo el respeto a la presunción de inocencia, y todo mi apoyo al presidente Zapatero”, afirmó Sánchez en el Congreso de los Diputados, en su primera reacción pública tras conocerse la imputación del exdirigente socialista, en el poder entre 2004 y 2011. En su respuesta a las preguntas de la oposición de derecha, que reclama repetidamente su dimisión, Sánchez volvió a defender el legado de Zapatero, quien se había convertido en uno de sus apoyos destacados dentro del Partido Socialista y figura notoria en las campañas electorales de la formación.