Un informe del Observatorio del Control Público de Fundación Éforo encendió las alarmas sobre la situación de las Defensorías del Pueblo en Argentina. El relevamiento reveló que más de 12 millones de personas viven en provincias donde no existe este organismo o donde no cuenta con financiamiento identificable, mientras que a nivel nacional el cargo de Defensor del Pueblo permanece vacante desde hace 17 años. El estudio, que analizó las 23 provincias, la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expuso profundas desigualdades institucionales y presupuestarias en el funcionamiento de estos organismos encargados de proteger los derechos de la ciudadanía.

Según el informe, Mendoza, Salta, Misiones, Entre Ríos, Santa Cruz y La Pampa no cuentan con la figura de Defensor del Pueblo, mientras que en Tierra del Fuego la situación institucional aparece como incierta. Además, siete jurisdicciones no poseen partidas presupuestarias específicas destinadas a esta función. La directora del Observatorio del Control Público, Carla Pitiot, advirtió que la falta de recursos compromete seriamente la capacidad de garantizar derechos. “Si el discurso es defender a la gente, que se vea en el presupuesto.

Sin recursos no hay defensa posible de los derechos”, sostuvo. El relevamiento también mostró una fuerte concentración de fondos: Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Buenos Aires reúnen cerca del 91% de los recursos destinados a defensorías subnacionales. En contraste, la Defensoría del Pueblo de la Nación cuenta para 2026 con una asignación estimada en apenas $330 por ciudadano, una cifra inferior incluso a la de provincias con presupuestos más limitados.

El trabajo además cuestionó la ausencia de criterios de paridad de género en la normativa de designación de autoridades, ya que ninguna defensoría del país contempla explícitamente cupos o mecanismos de equidad. Las Defensorías del Pueblo cumplen un rol clave dentro del sistema democrático, ya que intervienen ante vulneraciones de derechos, reclamos ciudadanos y conflictos vinculados al acceso a servicios, vivienda, consumo y políticas públicas. También pueden impulsar acciones colectivas, supervisar al Estado y asistir a la ciudadanía frente a abusos o irregularidades.

Desde la fundación remarcaron que fortalecer estos organismos resulta fundamental para garantizar controles institucionales y reducir las desigualdades en el acceso a derechos en todo el territorio argentino.