El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue demorando la presentación de su declaración jurada. Ya pasó un mes de cuando el presidente Javier Milei dijo en televisión que su funcionario “tenía todos los papeles listos”. Desde entonces no hubo ninguna documentación ni información específica de su patrimonio.

De hecho, el exvocero prácticamente no apareció en público y mucho menos respondió preguntas. Su entorno lanzó distintas fechas sobre cuándo iba a enviar su DDJJ a la Oficina Anticorrupción, aunque nunca fueron ciertas. Aluden a que “fueron distintas circunstancias de la causa que obligaron a que Manuel retrase los tiempos, pero solo faltan detalles”.

Hay dos hechos ineludibles que motivan a la dilación del expanelista. Teme nuevas revelaciones sobre otros gastos de dudosa justificación y está atento a que se conozca el informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) que había solicitado el fiscal Gerardo Pollicita. Se trata de un área especializada que asiste a los fiscales en peritajes económicos complejos El doctor terminó su licencia y retomó el control de la causa por enriquecimiento ilícito.

Debió mudar temporalmente su despacho de Comodoro Py a una oficina de la Armada, ubicada frente al emblemático palacio judicial. Sin embargo, siguen intactos los expedientes sobre la investigación al jefe de gabinete, de impronta momificada en las últimas semanas. Si bien el investigador espera algunos reportes más, no tiene muchas más dudas.

Ya reunió evidencia suficiente y prevé solicitarle pronto al ministro coordinador el requerimiento de justificación patrimonial. En otras palabras, es una indagatoria blue. Tiene probado que el exportavoz realizó numerosas erogaciones en negro por lo que le pedirá explicaciones por fuera de su declaración jurada, pidiendo datos precisos sobre distintas transacciones, movimientos bancarios y otras maniobras que utilizó Adorni para la adquisición de sus viviendas, el consumo de distintos viajes y las famosas refacciones en el country de Indio Cuá .

Cuenta con suficiente material para concluir que presenta inconsistencias irreconciliables con todos sus gastos en estos dos últimos años que asumió cargos públicos y con sueldos congelados durante 2024 y 2025. Las otras denuncias contra Adorni En paralelo, hay otras denuncias contra Adorni, una de ellas por presuntas irregularidades en la concesión de Tecnópolis y contrataciones estatales. La causa de Tecnópolis se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.

La legisladora pidió investigar una licitación de más de $3.650 millones para servicios de mensajería masiva y, especialmente, el proceso de concesión del predio del predio, valuado en más de $183.000 millones. Según la presentación, existen indicios de conflictos de interés y de una eventual simulación de competencia entre empresas que participaron de los procesos licitatorios. Hizo hincapié en la presunta vinculación entre empresas interesadas en la explotación del predio y la consultora +Be, propiedad de Bettina Angeletti, esposa de Adorni.

La denuncia sostiene que esos vínculos deberían ser investigados para determinar si existió algún beneficio indebido o incompatibilidad con el ejercicio de la función pública. En paralelo, otra investigación se centra en los viajes realizados por Adorni y su familia. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas abrió actuaciones para determinar un viaje privado a Punta del Este realizado durante el feriado de Carnaval.

La Justicia incorporó documentación vinculada al traslado y analiza si el viaje fue solventado por particulares con intereses vinculados al Estado o por terceros que pudieran generar incompatibilidades para un funcionario público. Según documentación incorporada a la causa, el tramo de ida habría sido abonado por una productora vinculada al periodista Marcelo Grandio, amigo del excomunicador, mientras que el regreso integraría un paquete de vuelos contratado por otra persona. Esos elementos forman parte de las medidas de prueba que buscan establecer el origen de los fondos utilizados para el traslado y si existió algún beneficio indebido que podría enmarcarse en el delito de dádiva.