Manuel Adorni dispuso la apertura de un registro nacional digital y público para que los talleres mecánicos particulares puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida formalmente en diversas jurisdicciones como Verificación Técnica Vehicular (VTV). La medida entrará en vigencia el miércoles 3 de junio, luego de destrabarse el conflicto legal que impedía la aplicación de las modificaciones en la Ley de Tránsito. La iniciativa busca descentralizar el control vehicular y habilitar la libre competencia en el sector automotor.

La reforma implementada se sustentó en el Decreto 196/2025, el cual modificó el marco regulatorio del transporte y creó el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos. Según el nuevo ordenamiento administrativo, los centros habilitados funcionarán bajo la órbita directa del Poder Ejecutivo Nacional y tendrán la facultad de revisar automóviles particulares, utilitarios comerciales, unidades de transporte de pasajeros, vehículos de carga y transportes especiales o antiguos. La administración nacional ratificó que las exigencias de seguridad vial no sufrieron alteraciones respecto de los estándares históricos.

Cada establecimiento que pretenda incorporarse a la nómina oficial deberá formalizar el trámite mediante una declaración jurada, designar un Director Técnico responsable y acreditar la posesión del equipamiento tecnológico requerido por la ley. Los plazos de vigencia de las obleas sufrieron modificaciones de acuerdo a la antigüedad de las unidades patentadas. Los automóviles particulares cero kilómetro realizarán su primera inspección técnica a los cinco años del patentamiento original.

Aquellos rodados que posean hasta diez años de antigüedad afrontarán la revisión obligatoria cada 24 meses, mientras que las unidades que superen la década de uso realizarán el trámite con una frecuencia anual regular. Las principales novedades del modelo abarcan la posibilidad de habilitar puntos alternativos de control en concesionarias oficiales y la liberación de los aranceles cobrados al usuario para incentivar la competencia de precios en el mercado local. El principal escollo para la implementación efectiva del sistema radica en la autonomía jurisdiccional, ya que cada provincia debe ratificar formalmente su adhesión al decreto federal para que los talleres locales emitan certificaciones válidas.

La provincia de Buenos Aires fue la primera jurisdicción en manifestar públicamente su rechazo al nuevo régimen nacional y mantendrá el monopolio de sus plantas concesionadas. BGD/ML