El kirchnerismo no consiguió los números para voltearle al gobierno el DNU 70/2023 de Javier Milei y ahora trasladó la pelea a una batalla telefónica. Y para eso ni siquiera frenaron en involucrar a las organizaciones de discapacidad. Es un manotazo de ahogado para intentar bloquear la sesión del miércoles 21 de octubre en Diputados, donde está previsto tratar una nueva ley destinada a intentar paliar el conflicto por las transferencias al sector.

En los pasillos de Diputados se escuchan insultos de todos los colores contra el kirchnerismo que no dudó en activar teléfonos para llamar a las organizaciones de discapacidad y pedirles que dejen de reclamar a los diputados su presencia en el recinto. La maniobra denunciada apunta a impedir el quórum y hacer caer la sesión, pero además, y esto no lo aclaran, volteará también el acuerdo que el resto de la oposición llegó con el gobierno para votar un parche al tema de los fondos para discapacitados. ¿Sorprende a alguien la maniobra?

Para nada. El kirchnerismo suele ejercer su máximo poder de destrucción precisamente cuando está en minoría. La ironía política es difícil de disimular: una ley destinada a resolver el conflicto por la atención de personas con discapacidad queda atrapada en la batalla del kirchnerismo contra el decreto presidencial.

El Gobierno tampoco llegó a esta instancia con entusiasmo; todo lo contrario: aceptó el acuerdo solo para salvar su DNU. Javier Milei no quería volver a abrir el frente de discapacidad, después de los recortes y el conflicto con el Congreso. Pero terminó por aceptar una negociación con el PRO, el radicalismo y bloques provinciales para blindar el DNU 70.

El precio del acuerdo fue incorporar al temario una ley permanente que busca resolver la emergencia y ordenar las transferencias al sector. El proyecto quedó ubicado como último punto del orden del día de la sesión ya convocada. El miércoles se verá si el acuerdo parlamentario alcanza para reunir el quórum.

El kirchnerismo, mientras tanto, enfrenta una contradicción política: según la denuncia, intenta frenar una sesión que incluye el tratamiento de una respuesta legislativa al conflicto por discapacidad.