El Reino Unido analiza oponerse a la incorporación de la Argentina a bloques comerciales y organismos internacionales como respuesta a la avanzada legal del Gobierno contra la explotación del proyecto petrolero Sea Lion en el Atlántico Sur. Las sanciones, que por ahora se estudian en el parlamento británico, apuntan a impedir el ingreso de la Argentina a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y al Tipat (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico). Si bien en 2017 el Reino Unido se mostró de acuerdo con el ingreso de Argentina a la OCDE, hoy estudia cambiar esa posición llamando a la Argentina “socio no confiable”, debido a las sanciones que el gobierno de Javier Milei anunció para las empresas —y sus directivos— que activan la explotación petrolera en inmediaciones de las Islas Malvinas. Esta semana se conoció que representantes del Foreign Office señalaron que el comportamiento de Buenos Aires “plantea interrogantes muy serios sobre su confiabilidad como socio”, advirtiendo que la postura argentina podría influir en el respaldo británico a su integración en organismos y bloques internacionales, y pusieron a la OCDE como ejemplo. Sobre el fin de la semana, la diputada conservadora Wendy Morton, que integra un bloque que se muestra activo con propuestas para frenar la arremetida diplomática de Argentina, solicitó al gobierno laborista de Andy Burnham que “se prepare para oponerse a la solicitud argentina para ingresar al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, si continúan las amenazas sobre las islas”, según difundió Mercopress y La Nación. El desarrollo comercial del Pacífico creció cuantiosamente en los últimos años y los miembros estables se comportan de manera celosa antes de incorporar un nuevo socio. El tratado reúne a Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y el Reino Unido. Vale aclarar que los británicos son el único país que se ha incorporado desde su creación. Para ingresar al Tratado se abre una negociación de adhesión dependiendo de los recaudos exigidos por un Grupo de Trabajo que hoy preside Chile. Uruguay está esperando su ingreso desde diciembre de 2022 y aún no lo consiguió, pero la fortaleza del Reino Unido se basa en que, según el estatuto fundacional del Tratado, cualquier país miembro puede vetar una solicitud para nuevos ingresos. De ese punto es que los conservadores le solicitaron a su gobierno que se haga fuerte en la negociación impidiendo el ingreso de Argentina. La Cancillería argentina presentó la solicitud para unirse en junio y, según sus datos oficiales, las exportaciones del país a los miembros del bloque superaron los 16.000 millones de dólares en 2025. Argentina puede comerciar con ellos, pero el problema es que al no ser miembro del tratado los países que exportan se pierden de contar con los beneficios arancelarios. El año pasado hubo debate en el seno del Mercosur porque Brasil se quejó de que las candidaturas de Argentina y de Uruguay se presenten individualmente, separándose del espíritu colaborador del bloque regional. También el canciller británico, Ed Miliband, repudió los intentos de la Argentina de disuadir a empresas y personas que realizan lo que consideró una actividad comercial legítima. “Lo que están haciendo es inaceptable”, afirmó. Reino Unido y Chile afianzan la logística para la ruta marítima con las Islas Malvinas El otro posible conflicto es más cercano y se observa en el sur de Chile. Esta semana, el embajador británico en Chile, David Concar, aterrizó en la ciudad de Punta Arenas. Con la presencia del diplomático, prácticamente se afianza la ruta naviera Punta Arenas-Puerto Argentino, con la que Chile abastecerá comercialmente a los isleños: promete llevarles desde insumos de obra y alimentos bajo cadena de frío hasta maquinaria pesada y vehículos. Según aseveró Agenda Malvinas, la empresa Easter Island Naviera publicó el tarifario oficial con el que operará el buque mercante de bandera chilena Danstar a través del Estrecho de Magallanes. Lo hizo en el propio portal de la Falkland Islands Development Corporation, la organización isleña encargada de todos los negocios locales. El buque transportará 1.400 toneladas de madera, cemento, insumos técnicos, alimentos y gas licuado a partir de diciembre. Durante la mañana del miércoles 14 de octubre, Concar mantuvo una reunión con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich. Tras el encuentro, el jefe comunal destacó la importancia de fortalecer el posicionamiento de la ciudad en el ámbito antártico y avanzar en temas de logística y desafíos ambientales. “Estuvimos hablando sobre nuestro rol como ciudad antártica, como líder global en materias antárticas, y todo lo relacionado con la logística y el cambio climático, que es un tema muy importante para el embajador”, señaló Radonich, y destacó que buscan fortalecer vínculos comerciales entre pymes de Punta Arenas y las islas. “Lo que estamos haciendo es generar una alternativa comercial como la que hoy existe con Uruguay, orientada al abastecimiento de las familias que viven en las islas», explicó el alcalde, aclarando que todo avance se enmarca en el derecho internacional y la normativa del Estrecho de Magallanes. Sin embargo, Radonich reconoció ante las cámaras de televisión que su gestión busca captar un negocio que «es muy lucrativo» para la región. Las declaraciones de Concar tras el encuentro profundizaron las preocupaciones geopolíticas argentinas. “Llevo dos días aquí en Punta Arenas y es mi primera visita a la ciudad. Hemos sostenido muy buenas conversaciones sobre la cooperación del Reino Unido en materia antártica, particularmente en investigación científica y conservación. También tuvimos un buen diálogo sobre la cooperación entre la Armada británica y la Armada de Chile, considerando la importancia que tiene este lugar para la Armada chilena”, indicó el embajador británico, según reportó el medio local Tiempo Sur. El Reino Unido analiza oponerse a la incorporación de la Argentina a bloques comerciales y organismos internacionales como respuesta a la avanzada legal del Gobierno contra la explotación del proyecto petrolero Sea Lion en el Atlántico Sur. Las sanciones, que por ahora se estudian en el parlamento británico, apuntan a impedir el ingreso de la Argentina a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y al Tipat (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico).