Organizaciones de derechos humanos, entidades vinculadas con la prensa, especialistas en defensa y excombatientes de Malvinas solicitaron a la Cámara de Diputados que abra un espacio de participación social para discutir el Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Poder Ejecutivo. El pedido apunta a incorporar al debate parlamentario a referentes académicos y de la sociedad civil, ante el alcance de los cambios que, según los firmantes, propone la iniciativa. La presentación, con fecha de ayer, está dirigida a Juliana Santillán Juárez Brahim, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

Se refiere al Mensaje N° 275/2026 y reclama una discusión sobre modificaciones que las organizaciones consideran estructurales para el diseño institucional del Estado. El punto central de la advertencia es la incorporación de la noción de “seguridad nacional” al ordenamiento jurídico. De acuerdo con la carta, esa introducción reemplazaría de manera implícita el marco regulatorio vigente de las funciones de defensa, seguridad interior e inteligencia.

Los firmantes también señalan que el proyecto contempla cambios en el Código Penal, cuyo tratamiento requiere un debate amplio. Las entidades sostienen que las transformaciones previstas pueden impactar sobre la soberanía nacional, el debido proceso, la libertad de expresión y la división de poderes. La solicitud busca que esas consecuencias sean examinadas con aportes de especialistas y organizaciones, dentro de un ámbito convocado por la comisión parlamentaria.

En su fundamentación, los firmantes destacan que la preservación de la soberanía sobre las Islas Malvinas y la protección de los recursos naturales son “valores y objetivos estratégicos” que convocan al conjunto de la sociedad argentina. Desde esa perspectiva, plantean que la apertura de la discusión fortalecería la deliberación sobre una iniciativa que involucra funciones centrales del Estado y garantías de los ciudadanos. La petición reúne a dieciséis organizaciones.

Entre ellas figuran Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (Cecim). También adhieren el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Poder Ciudadano y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Completan la nómina ANDHES, Democracia en Red, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundeps, las fundaciones Meridiano y Vía Libre, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed) y el Observatorio de Derecho Informático (ODIA).

A esas adhesiones se suman las firmas de Mariana Altieri, de la Universidad de Buenos Aires; Luciano Anzelini, de las universidades nacionales de Quilmes y San Martín; Jorge Battaglino y Ezequiel Magnani, del Conicet; y Sergio Eissa, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. La carta solicita que se disponga ese espacio de participación y queda a la espera de una respuesta de la presidenta de la comisión.