El presidente Javier Milei celebró este sábado que Halliburton Company, una de las empresas de servicios petroleros más importantes del mundo, reiterara que no prestará servicios ni participará del proyecto petrolero Sea Lion, en las Islas Malvinas. La empresa estadounidense ya había anticipado esa conducta a a principios de septiembre, pero la nota de este sábado fue un anuncio que se conoció desde Londres: el gobierno del Reino Unido precisó que las licencias de las empresas que quieran explotar hidrocarburos en Malvinas "deberán contar con su autorización final". El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Edward Miliband, tendrá la palabra final sobre esos negocios que encaren los kelpers, una movida que indica que Londres ha registrado las movidas y decisiones de la Argentina sobre esos proyectos en Malvinas, y las decisiones ya no serán resorte exclusivo de los kelpers.

Esa decisión del gobierno inglés fue comunicada al Parlamento británico. El subsecretario parlamentario de Estado, Stewart Wood, envió esa respuesta en base a una consulta planteada por la Cámara de los Lores (Cámara Alta). En tanto, la cuenta del gobierno de Javier Milei publicó este sábado en su cuenta de Instagram un comunicado, destacando que la decisión de Halliburton de mantenerse al margen de la explotación en las islas se deben a las gestiones realizadas por la Secretaría de Legal y Técnica y la Cancillería argentina.

El Gobierno presentó el anuncio como claro resultado de su estrategia para defender el reclamo de soberanía nacional sobre las islas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La confirmación de Halliburton se conoció el viernes 2 de octubre y fue difundida oficialmente por la compañía y por el Gobierno argentino. Según el comunicado de la empresa, las autoridades nacionales habían planteado interrogantes sobre las consecuencias civiles y penales de una eventual participación en el proyecto, así como sobre la aplicación de la legislación vigente y de las normas que podrían incorporarse en el futuro.

La compañía ratificó que ni Halliburton ni sus subsidiarias realizarán trabajos para Sea Lion y que tampoco participarán en otras actividades de exploración o producción de hidrocarburos en las Islas Malvinas y sus alrededores. Qué es el proyecto Sea Lion y por qué genera tensión El proyecto Sea Lion contempla la explotación de un yacimiento petrolero ubicado a unos 225 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Según las estimaciones difundidas sobre el emprendimiento, la zona podría contener alrededor de 1.700 millones de barriles de petróleo, un volumen que explica el interés de las compañías internacionales en su desarrollo.

La iniciativa está vinculada a las empresas Rockhopper Exploration, del Reino Unido, y Navitas Petroleum, de Israel. La Argentina rechaza la explotación de esos recursos sin autorización nacional y sostiene que las actividades hidrocarburíferas en el área afectan sus derechos soberanos. La decisión de Halliburton implica que la compañía y sus subsidiarias no brindarán servicios para el proyecto.

Se trata de una empresa especializada en tecnología, equipos y servicios para la industria energética, por lo que su participación podía resultar relevante para las tareas de exploración y producción previstas. La salida de Halliburton se produjo en el marco de una serie de medidas impulsadas por la administración de Milei para desalentar la participación de empresas extranjeras en la explotación de hidrocarburos en Malvinas. En septiembre, el Presidente envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que propone endurecer las sanciones contra las compañías que desarrollen actividades consideradas ilegales por la legislación argentina.

La iniciativa también apunta a alcanzar a accionistas y proveedores vinculados con esas operaciones. El Poder Ejecutivo sostuvo que continuará utilizando herramientas legales, diplomáticas y administrativas para impedir que emprendimientos sin autorización argentina afecten los intereses del país. En su comunicado del 2 de octubre, además, ratificó que defenderá sus derechos mediante los instrumentos previstos por el derecho nacional e internacional.

CS/AF