Malvinas: el Tribunal del Derecho del Mar fij� las audiencias por el reclamo argentino El tribunal celebrar� las audiencias p�blicas el 10 y 11 de noviembre para analizar el pedido argentino de medidas provisionales contra la explotaci�n petrolera en la Cuenca Norte de Malvinas. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) fij� para el 10 y 11 de noviembre de 2026 las audiencias p�blicas en la causa iniciada por la Argentina contra el Reino Unido por la explotaci�n de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La decisi�n qued� formalizada mediante una orden firmada este martes por el presidente del organismo, el juez Maurice K.

Kamga. El cronograma corresponde al pedido de medidas provisionales que el Gobierno argentino, present� el 13 de octubre, sostenido en el art�culo 290, inciso 5, de la Convenci�n de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). La solicitud busca frenar las actividades hidrocarbur�feras autorizadas por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Norte de las Islas Malvinas.

Las audiencias ser�n p�blicas, se realizar�n en la sede del tribunal en Hamburgo y se transmitir�n en directo por su sitio web. El organismo todav�a debe anunciar el horario de cada jornada. La instancia permitir� que las partes expongan sus argumentos antes de que el tribunal resuelva el pedido de medidas provisionales.

La fijaci�n de las audiencias no implica que se hayan concedido las medidas solicitadas por la Argentina. El reclamo argentino y el proyecto Sea Lion La presentaci�n argentina apunta contra el desarrollo petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas y operado por la compa��a israel� Navitas Petroleum junto con la brit�nica Rockhopper Exploration. Las empresas prev�n avanzar con las perforaciones durante 2027 y proyectan iniciar la producci�n comercial en 2028.

El Gobierno busca que el tribunal ordene medidas para impedir el inicio o la continuidad de las actividades hidrocarbur�feras cuestionadas, as� como frenar nuevas autorizaciones vinculadas con la explotaci�n de recursos en el �rea. Entre los argumentos del planteo argentino figura la obligaci�n de proteger y preservar el medio marino, prevista en los art�culos 192 y 194 de la CONVEMAR. La posici�n oficial sostiene que un eventual da�o ambiental derivado de las operaciones petroleras podr�a tener consecuencias irreversibles.

El reclamo se desarrolla en el marco de la disputa de soberan�a entre ambos pa�ses. La Argentina cuestiona las autorizaciones brit�nicas para explotar recursos naturales en el �rea, mientras que el Reino Unido sostiene que las actividades comerciales en las islas son legales. La respuesta brit�nica y las medidas para proteger a las empresas El Gobierno brit�nico anunci� que participar� del procedimiento ante el tribunal, aunque mantiene su posici�n de que las licencias petroleras otorgadas en las islas contin�an vigentes.

Seg�n inform� Reuters, la subsecretaria parlamentaria del Foreign Office, Uma Kumaran, sostuvo que la presentaci�n argentina no invalida esas licencias ni obliga a detener las actividades hidrocarbur�feras autorizadas. En paralelo, Londres anunci� el 13 de octubre que prepara medidas bajo la legislaci�n de Protecci�n de Intereses Comerciales (Protection of Trading Interests) para resguardar a empresas y personas brit�nicas frente a disposiciones argentinas que considere extraterritoriales. El Gobierno brit�nico explic� que las medidas buscar�n impedir que compa��as y ciudadanos del Reino Unido sean obligados a cumplir disposiciones argentinas relacionadas con actividades que Londres considera legales en las islas.

La normativa complementaria todav�a deb�a tramitarse: el anuncio oficial indic� que el objetivo era ponerla en vigor antes de fin de a�o. La tensi�n tambi�n se traslad� al terreno diplom�tico. El Reino Unido pidi� a Interpol que rechace eventuales solicitudes argentinas de detenci�n vinculadas con el proyecto petrolero, al considerar que podr�an tener motivaciones pol�ticas.

Las audiencias de noviembre ser�n el pr�ximo paso formal del procedimiento internacional. Despu�s de escuchar a las partes, el tribunal deber� evaluar si corresponde adoptar las medidas provisionales solicitadas por la Argentina.