El Gobierno resolvió no elevar una protesta formal ante Chile por las declaraciones de su ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal, que durante el fin de semana reivindicó el derecho de su país a comerciar con Malvinas —a las que también llamó Falklands— y sostuvo que debe respetarse la voluntad de los habitantes del archipiélago. La definición oficial es que mientras la política chilena sobre Malvinas no se modifique en los hechos, no hay motivo para adoptar medidas. Si esa política cambiara, en cambio, el Ejecutivo actuaría en consecuencia.

Aun así, las declaraciones no pasaron inadvertidas. Llegan en pleno despliegue de la escalada diplomática que el Gobierno inició con la cadena nacional de comienzos de septiembre, cuando ratificó el reclamo de soberanía y anunció un paquete de medidas y sanciones contra las compañías que participen de la explotación de recursos en el territorio en disputa. Según publicó TN, en la Cancillería la molestia fue doble.

Por un lado, que un funcionario de un país con posición histórica favorable al reclamo argentino haya utilizado la denominación inglesa del archipiélago. Por otro, que haya invocado el principio de autodeterminación de los isleños, una doctrina que la Argentina rechaza de plano por considerar que no aplica a una población implantada. Por qué el Gobierno elige no confrontar La decisión de bajar el tono responde a un cálculo político.

La administración de José Antonio Kast mantiene vínculos ideológicos y personales estrechos con Javier Milei, y ambos mandatarios se reunieron a comienzos de septiembre en Santiago. En aquel encuentro Kast ratificó el respaldo chileno al reclamo argentino y le pidió al Reino Unido retomar las negociaciones, mientras que Milei valoró el esfuerzo del gobierno trasandino para evitar que se consoliden actividades de explotación sin consulta previa a la Argentina. Qué dijo el ministro chileno Barros Tocornal desarmó parte de esa sintonía en una entrevista concedida el domingo a un medio de Magallanes.

Allí sostuvo que Chile apoya la pretensión argentina de soberanía, pero introdujo un matiz decisivo: señaló que existe una situación de hecho, dado que un país amigo ejerce soberanía sobre las islas desde hace dos siglos. A partir de ahí planteó que una cosa es respaldar el reclamo y otra distinta es desconocer esa realidad, y que la controversia debe resolverse conforme al derecho internacional, por la vía pacífica y atendiendo la voluntad e interés de las personas involucradas. El funcionario también defendió el proyecto de abrir un corredor marítimo entre Punta Arenas y el archipiélago, una iniciativa que choca de lleno con la posición argentina.

A comienzos de septiembre, una naviera chilena firmó un acuerdo con el gobierno isleño para establecer esa conexión con Puerto Argentino. Para el ministro, la región de Magallanes tiene derecho a ejercer el comercio y no encuentra objeciones a que esas actividades se desarrollen. El contenido de la entrevista fue difundido en la Argentina por TN.

El petróleo y los compromisos del Mercosur Sobre la explotación de hidrocarburos —el núcleo de la tensión entre Buenos Aires y Londres, y el motivo de las sanciones que impulsa el Gobierno contra empresas y ejecutivos— Barros Tocornal fue más cauto: lo describió como una cuestión puntual y potencialmente más conflictiva, que deberá analizarse en su momento. En ese tramo relativizó además los compromisos que Chile asumió en los foros regionales. Admitió que los planteos de su país en el Mercosur y en la Unasur tienen carácter político y no obligan legalmente, y que tanto la Cancillería como las autoridades locales deberán evaluar cómo se compatibilizan con las exploraciones petroleras y mineras.

La Declaración del Mercosur de 2011 comprometió a los Estados parte y asociados, Chile incluido, a impedir el ingreso a sus puertos de buques con bandera isleña y a no prestar apoyo a la explotación de los recursos naturales del archipiélago. Pese a ello, del otro lado de la cordillera avanzan con la iniciativa: el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, la definió semanas atrás ante El Mercurio como un acuerdo entre privados.